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La nueva Ley de Vivienda acaba de entrar en vigor este viernes tras varios meses de negociación entre el Gobierno y sus socios de legislaturas. El Ejecutivo la ha presentado como la primera norma en la historia de la democracia que garantiza el derecho al acceso a una vivienda digna, pero algunos propietarios e inmobiliarias ya están utilizando subterfugios para esquivarla. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz nos explica cómo detectarlos y qué hacer ante estas situaciones.
La medida estrella de la nueva ley es el tope al alquiler, que se mantendrá en el 2% durante 2023 y subirá al 3% en 2024. Esto significa que si tienes un alquiler que cuesta 1.000 euros, en teoría no te lo pueden subir más de 20 euros, y el año que viene, 30. Será en el 2025 cuando se aplicará un nuevo índice de referencia para revisar los contratos, en sustitución del IPC. El objetivo es que la inflación no se traslade a los precios de la vivienda, pero hecha la ley, hecha la trampa.
Vaya por delante que ni todos los caseros son unos buitres ni todas las inmobiliarias unas piratas, pero muchos sí. Lo que están haciendo para sortear esta limitación es disolver el contrato de alquiler y hacerle al inquilino uno nuevo, que ya no tiene continuidad. De modo que la subida que no podía ser mayor del 2% puede ser del 20%. Y si no lo quieres, te vas.
Otra maniobra a la que están recurriendo algunos caseros es la de fraccionar la vivienda. Es decir, dejan de alquilar el apartamento al al inquilino y empiezan a alquilarle habitaciones. Como es otro inmueble, y no la casa entera, el precio se multiplica por dos, o por tres. Además, muchos propietarios han acelerado en los últimos meses la renovación de los contratos a la espera de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.
La ley sí te permite denunciar a tu casero, y probablemente puedas ganar en los tribunales, pero la cuestión es que hacer frente a los trámites de letrados, asistencia jurídica y el proceso judicial en general probablemente salga más caro. El inquilino sabe que le están timando, pero prefiere dejarlo como está a quedarse en la calle y tener que empezar a buscar desde la nada.
El problema de la ley es que no se han establecido mecanismos de arbitraje, que permitan recurrir y resolver un abuso sin necesidad de letrados y procesos largos. Ganes o pierdas por la vía judicial, vas a perder el piso. Porque todo casero que se precie tiene un hijo para el que puede reclamar la vivienda. Esta es una norma que nace sin dientes y no muerde. Dice lo que hay que hacer pero no pasa nada si no lo haces. Tiene un enunciado extraordinario y ninguna medida punitiva extraordinaria.
La nueva ley dictamina que los propietarios serán siempre responsables de pagar los honorarios de las inmobiliarias, al interpretar que las agencias prestan sus servicios a estos, no al público. Hasta ahora, muchos inquilinos tenían que pagar los honorarios de la agencia inmobiliaria, lo que resultaba ya un precio muy alto para entrar a vivir como alquilado.
¿Qué está pasando? Ya hay casos en los que se está ofreciendo en vez cobrar los honorarios de la agencia, un cargo adicional por gastos de captación del cliente. Casualmente es el equivalente al mes más del IVA que reclama la inmobiliaria. Una trampa transparente y burda. Para saber más sobre otras trampas a la Ley de Vivienda, como las que tienen que ver con los gastos impropios que también le corresponden al propietario, puedes ver el vídeo con la charla completa con Javier Ruiz.