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Barcelona, uno de los principales destinos vacacionales de España, ha anunciado que prohibirá los pisos turísticos a partir de 2028, un drástica medida con la que se pretende poner freno al encarecimiento de los precios y hacer la ciudad más habitable para sus residentes. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz aborda la efectividad de la norma, además de las medidas que están implementando otras ciudades o la capacidad de inspección.
En pleno debate sobre la proliferación del Airbnb en los últimos años, la eliminación de este tipo de alojamientos se antoja una medida más efectista que realmente efectiva. En primer lugar, porque es un anuncio a muy largo plazo, de aquí a cinco años, sustentado en no renovar licencias y dejar que estas vayan decayendo poco a poco.
Y en segundo lugar, porque la capacidad de inspección es muy reducida. En España hay ahora mismo 305.100 unidades de oferta de alquiler turístico, mientras que el parque de inspectores es ridículo. Dicho de otro modo, es más fácil legislar que inspeccionar. Además, una vez que has creado un hábito, cuando mucha gente ha aprobado ya la enorme rentabilidad que deja un alquiler de muy corta temporada o de fin de semana, será más difícil la extinción de este fenómeno. Los propietarios ya están diciendo que cobrarán en A o cobrarán en B, pero ello seguirán.
Lo que sí refleja esta medida es que tenemos un serio problema de impacto de estos pisos en el resto del parque de viviendas y en el turismo en genera. Airbnb está disparando los precios de los alquileres y perturbando la convivencia en los vecindarios. Lo que está haciendo Barcelona es marcar una posición, la misma que han marcado otras grandes ciudades, como Nueva York.
En ese sentido, la capital catalana es la única en España que ha seguido la senda de la prohibición de momento. Otras ciudades han apostado por la limitación o la regulación. Por ejemplo, Madrid obliga a que haya un acceso directo a la calle, y Santiago de Compostela experimenta con un tope de días anuales.
Aunque, en general, quienes apuestan por la limitación se están dando cuenta de que no funciona. Se sigue alquilando. En ese sentido, el Gobierno prepara una serie de cambios en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitan que sean los mismos vecinos quienes puedan oponerse a que haya pisos turísticos en su edificio.
La ley actual exige que estén de acuerdo tres quintos de los propietarios para no aceptar Airbnb en el edificio, pero con la reforma bastaría con la mayoría de los propietarios, el 50%. Este cambio legislativo sí puede ser efectivo, ya que desde el momento en el que se apruebe las decisiones de la comunidad de vecinos serán vinculantes para todos los propietarios.
Por otra parte, España va camino de tener 90 millones de turistas en 2024, lo cual es una barbaridad y un éxito brutal como país. Pero si se retiran los esteroides del Airbnb puede provocar un calentón en el precio de los hoteles, especialmente en Madrid, Barcelona, Canarias, Baleares y Alicante.
El gasto medio del turista se está disparando. Ahora mismo está en 1.326 euros de media por turista, y ha subido un 30% en cinco años. Así que están empezando a llegar turistas más ricos, sobre todo británicos y alemanes. Mientras que, por el contrario, el turismo doméstico está siendo expulsado. Lo que es objetivamente un éxito macroeconómico tiene un coste social: las vacaciones se están convirtiendo en un artículo de lujo para muchos españoles. Tenemos que medir muy bien qué queremos, porque todo tiene sus sus contrapartidas. Tenemos un modelo que funciona y ha funcionado muy bien pero que puede morir de éxito. Puedes ver la charla completa con Javier Ruiz en el vídeo.