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El tiroteo del pasado martes en Texas que dejó 21 víctimas mortales, la mayoría niños, a manos de una adolescente ha reavivado en Estados Unidos la discusión sobre el control de armas y la urgencia por luchar contra el poderío de los lobbys armamentísticos, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA). La violencia armada en el país registra sus niveles históricos más altos -124 ciudadanos murieron al día por violencia con armas de fuego en 2020- y la vista gira hacia el ejemplo de otras naciones que se enfrentaron (con éxito) a problemas similares. Como Nueva Zelanda.
El 15 de marzo de 2019, 51 personas fueron asesinadas en un atentado contra dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch. El responsable fue el supremacista Brenton Tarrant, que había acumulado desde 2017 más de 7.000 cartuchos de municiones y el día del ataque llevaba cinco armas, dos de ellas semiautomáticas y un rifle de asalto. Inmediatamente la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, prometió una reforma total en las leyes de armas de un país en el que cualquier ciudadano mayor de 16 años podía poseer una. Se estimaba entonces había 1,2 millones de armas legalmente en manos de civiles, una por cada cuatro habitantes.
Todos menos uno de los 120 legisladores del Parlamento neozelandés votaron a favor de la prohibición permanente de la venta de fusiles de asalto y armas semiautomáticas de estilo militar, así como de los cargadores de gran capacidad y de los dispositivos que permiten realizar disparos más rápidos. Paralelamente, el Gobierno neozelandés también puso en marcha un plan de recompra de rifles de asalto y otras armas semiautomáticas en posesión de la población local.
Se decretó que los propietarios de armas dispusieran de un periodo limitado para entregárselas a las fuerzas de seguridad para que fueran destruidas. De no hacerlo, se enfrentaban a penas de hasta tres años de prisión. Al acabar el año, la policía había recolectado más de 56.000 armas de fuego prohibidas. Las autoridades pagaron alrededor de 62 millones de euros en compensación. Ardern justificó así su decisión de sacar las armas de las calles: "En el tiroteo de Christchurch vimos algo que no estaba bien y actuamos en consecuencia".
Unas horas después del tiroteo de Uvalde, Ardern se pronunció en 'The Late Show with Stephen Colbert': “cuando observo desde lejos y veo eventos como este hoy, no es como un político. Los veo solo como una madre. Lamento mucho lo que ha sucedido aquí. (...) Cuando vimos que sucedió algo así, todos dijeron nunca más, por lo que nos incumbía a nosotros como políticos responder a eso".
“No podía entender cómo las armas que podrían causar tal destrucción y muerte a gran escala podrían haberse obtenido legalmente en este país”, añade Ardern. ¿Es trasplantable el ejemplo neozelandés a Estados Unidos? Es complicado en un país en el que las armas civiles superan en número a las personas. Es precisamente la cultura del arma de fuego arraigada en la Constitución estadounidense, que otorga el derecho a los ciudadanos de estar armados, lo que obstaculiza cualquier intento de cambiar la legislación.
En ese contexto, la rabia social y la indignación contra la violencia armamentística es la llave que quieren utilizar los demócratas para hacer frente al problema. “¿Cuándo, por el amor de Dios, vamos a plantar cara al lobby de las armas? ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta matanza? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto ocurra? Es hora de convertir este dolor en acción”, dijo el presidente Joe Biden tras la tragedia de Texas.