¿Qué pasaría si la capital de España se trasladara de Madrid a cualquier otra ciudad? ¿Es siquiera posible? Madrid es la capital desde que Felipe II fijara la Corte ahí en 1561, aunque desde entonces ocasionalmente ha dejado de serlo en favor de Valladolid, Sevilla, Cádiz, Valencia y Barcelona. Cambiar ese estatus necesitaría de una reforma del artículo 5 de la Constitución y, claro está, una razón de capaz de poner de acuerdo a una mayoría parlamentaria.
Trasladar la capital de un país a otra ciudad no ha sido algo infrecuente en la historia. Incluso en la actualidad hay cuatro países en proceso de mudanza: Egipto, Indonesia, Corea del Sur y Guinea Ecuatorial. En los viejos tiempos esta decisión siempre era de carácter administrativo o logístico, pero hoy los motivos van desde la superpoblación al cambio climático, pasando por razones políticas. Veamos cada uno de estos casos:
Hace una década el país africano apostó por construir una nueva capital a 50 kilómetros al este de El Cairo que se debería estrenar en 2030 y que aún no tiene nombre. De momento la llaman nueva capital administrativa. Costará en torno a 55.000 millones de euros, será la sede de los órganos del Legislativo y del Ejecutivo, acogerá el rascacielos más alto de África y albergará a unos siete millones de personas. Lo que permitirá desahogar la superpoblación que ahoga a El Cairo, con más de 15 millones de habitantes,
Eso sí, se prevé que solo la elite y los funcionarios administrativos de mayor rango se puedan trasladar a vivir ahí, ya que los precios de la vivienda serán inaccesibles para el ciudadano egipcio corriente. La nueva capital está diseñada para evitar aglomeraciones e impedir que se repitan situaciones como las protestas populares masivas que provocaron la caída del presidente Hosni Mubarak en 2011.
Yakarta, la capital indonesia, se está hundiendo. De hecho, el 40% de su territorio ya está por debajo del nivel del mar. La sobreexplotación de sus acuíferos provoca que cada año baje unos 6,7 centímetros. Si a eso se le suman los efectos del cambio climático, se entiende que el Gobierno haya decidido desplazar la capital a la isla de Borneo, la más grande y central del archipiélago. Se invertirán al menos 35.000 millones de dólares en la mudanza.
La nueva capital se llamará Nusantara, palabra con la que los indonesios se refieren habitualmente a todo el país, y ha sido concebida como un territorio bajo en emisiones de carbono, que apoyará a los sectores farmacéutico, médico y tecnológico y promoverá un crecimiento sostenible más allá de la isla de Java. El problema es que la operación comportará la tala de 260.000 hectáreas de jungla, lo que acentuará la ya preocupante deforestación provocada por la explotación de sus recursos naturales.
Seúl es una ciudad moderna, limpia y ordenada, pero tiene el problema de la superpoblación. Y además su proximidad con Corea del Norte la convierte en un posible objetivo militar bastante accesible. Por eso en 2003 se propuso por primera vez trasladar la capitalida a Sejong, situada 125 kilómetros al sur. La idea acabó en los tribunales y llegó hasta al Constitucional. Finalmente recibió luz verde para ser capital administrativa que acogiera la mayoría de oficinas públicas.
Sejong es una ciudad diseñada desde cero con el propósito de ser inteligente, ecológica y tecnológica, tan futurista como han imaginado multitud de películas de ciencia ficción. Nueve ministerios y dieciséis organizaciones estatales ya han sido trasladadas allí desde su inauguración en el año 2012, con el objetivo de que el resto lo hagan antes de 2030, pero aún falta mucha vida en sus calles semivacías.
Malabo es la capital de Guinea Ecuatorial, pero está ubicada al norte de una pequeña isla que queda más cerca de Camerún que del territorio continental del país. La nueva Ciudad de la Paz, antes Oyala, se construirá en medio de la selva a cargo de un conglomerado de empresas chinas. Está diseñada para acoger a unos 250.000 personas -una cuarta parte de la población del país- en un entorno enmarcado en ríos y zona verdes. Tanto el palacio presidencial como el parlamento y la sede del Tribunal Supremo se concentrarán en un área de 3,6 kilómetros.