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Las cabinas telefónicas, donde nos hemos reído, hemos besado y hemos crecido, están abandonadas. Nadie las quiere. Estos elementos que han formado parte del paisaje de las calles españolas durante décadas. Ahora sufren el ostracismo, la voluntad creativa de los vándalos. Y nadie quiere hacerse cargo de ellas. Telefónica está obligada a mantener 15.000 de ellas hasta el 2021, pero no es barato: le hace perder a la compañía 4,5 millones de euros cada año, al realizarse tan solo 0,17 llamadas por día en cada una.
La historia del destierro de las cabinas telefónicas tiene un hito claro: la llegada del teléfono móvil a nuestras vidas. Hasta entonces, quien más, quien menos, usaba estos elementos urbanos para realizar llamadas estándar e incluso a cobro revertido, pero con la irrupción de los celulares todo cambio. Ya nadie necesitaba entrar en una cabina y enfrentarse a su olor para llamar por teléfono.
Al principio, Telefónica, su propietaria, intentó darles una nueva vida reinventándolas. Así, se podían enviar SMS desde ellas e incluso recibirlos. Más tarde, algunas tuvieron la suerte de tener pantallas táctiles y poder consultar internet desde ellas, cuando los móviles eran móviles y no ordenadores en el bolsillo. Algunas, incluso, llegaron a servir para recargar la batería del móvil. Sin embargo, de nuevo el vandalismo pero, sobre todo, el cambio de usos de la sociedad, hizo que pasaran a un plano de dejadez y desidia. Y llegaron los problemas.
¿Cómo se iban a eliminar las más de 65.000 cabinas telefónicas que poblaban España en los 90 de la noche a la mañana? ¿Y si había gente que aún las usara? ¿Y quién se haría cargo del mantenimiento? Mientras estas eran rentables, Telefónica daba el servicio de reparación sin problema, pero cuando dejaron de serlo, ¿por qué se iban a seguir ocupando si lo que querían era quitarlas de en medio?
En 2018, el Gobierno decide tomar cartas en el asunto y, apoyado por los informes de la Comisión Permanente del Consejo de Estado y amparado por la ley que otorga a las cabinas el rango de servicio universal decide que Telefónica debe ser quien se siga haciendo cargo del mantenimiento de las cabinas. Por entonces, y ya con solo unas 15.500 instaladas, el servicio le hacía perder a la compañía 4,5 millones de euros cada año y era de suponer que no iba a estar de acuerdo con la decisión. Por eso recurrió.
Ahora, dos años despuñes, el Tribunal Supremo le ha dado una de cal y otra de arena a Telefónica. Por un lado ha dicho que, efectivamente, el Gobierno debería haber creado un concurso público para designar el mantenimiento de las cabinas, cosa que no hizo, pero, por el otro, impide a Telefónica retirar las cabinas de la vía pública porque están consideradas un servicio universal obligatorio como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021, a no ser que el Parlamento se ponga de acuerdo y logre aprobar antes una ley que permita su supresión.
Según reconocen fuentes de Telefónica, "año tras año se publica en el BOE un concurso para prestar este servicio, que en los últimos tiempos ha quedado desierto, ya que ningún operador quiere hacerse cargo de estos elementos que registran una media de uso de 0,17 llamadas al día". No es extraño pasar por una de ellas y verla sin teléfono, llena de pintadas y con los cables colgando.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado varias veces a la retirada de las cabinas "al haberse constatado el progresivo abandono de su uso, en términos de tráfico de llamadas, de ingresos y de distribución territorial de su uso".
Actualmente, y con un coste de mantenimiento por cabina de 291 euros al año, podremos seguir viendo estos elementos urbanos al menos hasta finales de 2021 si nadie lo impide, pero es muy probable que, una vez llegada esa fecha tengamos que decir adiós a las últimas supervivientes, igual que lo hicimos ya, casi sin darnos cuenta, de las famosas páginas amarillas y páginas blancas en formato físico.
Siempre, eso sí, nos quedará José Luis López Vázquez para recordarnos lo que era una cabina.