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La pandemia ha causado en España más de 30.000 muertos en residencias. El sistema de cuidados, bajo la responsabilidad tanto de las empresas como de las administraciones, permitió "la mayor violación de derechos humanos de un colectivo en las últimas siete décadas de la historia de España", como dice Manuel Rico. Este periodista de investigación publica ahora 'Vergüenza, el escándalo de las residencias', donde analiza en profundidad la pesadilla que han vivido miles de mayores y sus familias, las causas de la hecatombre y quienes fueron los responsables. Pero también reflexiona sobre la deriva que está tomando el negocio de los cuidados, donde la entrada de los fondos de inversión somete a más presión a empresas y trabajadores, y cómo esto repercute en la calidad de los cuidados.
¿Cómo pudo pasar algo así?
Quienes conocen la realidad de las residencias sabían que dichos centros carecían de la infraestructura, el personal y las condiciones adecuadas para identificar y aislar a personas con enfermedades infecciosas, así como de la irresponsabilidad que suponía no evacuarlas.
Las residencias se convirtieron en tanatorios; se dejó morir a los ancianos de forma masiva en los propios centros en Madrid, Cataluña o Castilla y León, sin que recibieran atención hospitalaria. Quienes tomaron decisiones o no habían pisado una residencia en su vida; o eran idiotas, cortos de entendimiento, o tenían un desprecio absoluto por la vida de los ancianos. Las residencias están diseñadas para contagiar, no para frenar un virus.
Hubo falta de planes de contingencia ante situaciones excepcionales, falta de personal y ausencia de la atención primaria en las residencias. Todo lo que se podía hacer mal se hizo mal: al virus no se le puso un muro de contención, sino una autopista para que se expandiese a toda velocidad. Las autoridades sanitarias entregaron todos los medios a los hospitales y abandonaron a las residencias. La pandemia reventó las costuras de un sistema residencial que estaba en pañales en España desde hacía muchos años. La factura la pagaron con su vida miles de ancianos.
En el libro escribes que "uno de los hechos más impactantes de la crisis es que con más de 20.000 residentes muertos (durante la primera ola) no haya ocurrido realmente nada en la sociedad española". Ya van 30.000 y sigue sin pasar nada. ¿Y si hubiesen sido niños?
Obviamente a ningún gobernante se le hubiera ocurrido dictar y aplicar un protocolo como el de la Comunidad de Madrid o Cataluña si llegan a ser niños o colegios mayores. Si llega a ocurrir algo similar con niños o jóvenes la reacción social hubiera sido mucho más potente. Esta crisis ha sacado a la palestra muchas vergüenzas y una de ellas es que en nuestra sociedad están enraizados elementos de edadismo muy fuertes que hasta ahora no hemos querido admitir. Mucha gente ha podido pensar de que como los mayores se van a morir, ¿qué más da dos años antes que después? Eso no es de una sociedad digna.
¿Puede volver a pasar algo similar con nuevas epidemias?
Sí. No estamos preparados para afrontar una emergencia sanitaria en las residencias. Muchos de los elementos estructurales que contribuyeron a la hecatombe siguen ahí: la atención primaria vive de espaldas a las residencias, la escasez de personal, la baja retribución, el tamaño y el diseño de los centros, las zonas comunes... esto sigue igual. Algo similar puede volver a ocurrir.
Hay pruebas de que se dio la orden en algunas CCAA de no atender a afectados por razones de edad. Muchos perdieron a sus padres y ahora piensan si pueden denunciar que fueron víctimas de protocolos ilegales. ¿Qué recorrido pueden tener estas denuncias en los tribunales?
La fiscalía no está liderando la investigación como debería, y esto está añadiendo más dolor a los familiares de las víctimas que se sientes totalmente desamparados. Hay indicios evidentes de que se pudieron cometer violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, es completamente incomprensible que la fiscalía no haya abierto una investigación de oficio con el protocolo que activó la Comunidad de Madrid, donde solo se derivaron 23 personas al hospital que se montó en Ifema, y donde no se derivó ni a una sola persona a hospitales privados con camas vacías.
Otro ejemplo. En Cataluña, en marzo y abril de 2020 el 72% de las muertes fueron de personas en residencias que fallecieron sin recibir atención hospitalaria. ¿Cómo es que la fiscalía no abre una investigación de oficio?
Tampoco se explica cómo el Gobierno Central no haya creado una comisión independiente para investigar lo que sucedió en la primera ola, como reclamaba Amnistía Internacional.
La sociedad española tiene dos retos por delante, uno que se conozca lo que pasó; y dos, que se haga justicia.
En las residencias más grandes y gestionadas por grandes grupos ha habido más muertes. Lo ocurrido ha sido un duro golpe a un modelo residencial ya cuestionado. ¿Es el momento de cambiar el modelo?
Obviamente hay que cambiarlo, es absolutamente necesario. Todo el mundo habla del modelo centrado en la persona, pero eso tiene que concretarse. ¿Se va a aumentar los ratios de personal? ¿Se va a limitar en número de plazas de los centros? ¿Se va a obligar a que el 80% o el 90% de las plazas sean individuales? ¿Va a haber módulos de convivencia? Cambiar el modelo es sencillo. Solo hay que hacer una normativa clara y contundente en todos estos aspectos. Ya se están cambiando algunas, por ejemplo en Cantabria o Navarra. Lo que no es de recibo es que existan normativas de CCAA sobre ratios de personal de hace 15 años, cuando el perfil del residente era completamente distinto.
Cuentas cómo en los últimos años se han dado importantes pelotazos en el negocio de las residencias.
Hay algunas empresas como DomusVi, Vitalia Home o Colisée, en las que han entrado fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales, como la isla de Jersey, y de los que se desconoce la identidad de sus principales accionistas. Estos fondos se denominan private equity, y están diseñados para comprar una empresa y revenderla en un plazo máximo de cinco años con las mayores plusvalías posibles. En otras palabras, dar el mayor pelotazo posible. Ello conlleva crear complicadas estructuras societarias (a veces en paraísos fiscales) con el objetivo de eludir impuestos y exprimir al máximo la caja de los geriátricos que gestionan para conseguir todo el dinero efectivo que puedan, lo que se traduce en ahorros en personal, alimentación, limpieza o infraestructuras de los centros.
En 2019 las gestoras de residencias ingresaron 2.000 millones tenían origen público. Que parte de estos fondos acaben en paraísos fiscales es inadmisible, como también es inadmisible que no se sepa quién hay detrás de estos fondos. Si alguien quiere dinero público, tendremos que saber quién se lo lleva. ¿Quién me garantiza que quien está haciendo la concertación de las plazas no tiene intereses en estos fondos?
Quizá no se pueda impedir que estos fondos entren en el mercado residencial, pero si se permite, es imprescindible que se controle el servicio que ofrecen y que las inspecciones y sanciones sean eficaces.
¿Ahora no lo son?
No. En España hay poco más de 200 inspectores para 5.200 residencias. Es una broma. Aunque fueran superhombres no podrían controlar adecuadamente. Y el régimen sancionador es completamente disparatado. Ahora, si se detecta que en una residencia falta una gerocultora, se pone una multa de 6.000 euros, cuando la empresa se está ahorrando 20.000 o 22.000 euros.
Después de un año investigando ¿meterías a tu padre en una residencia?
Sí. No todas las empresas son iguales. Una persona dependiente, que requiere cuidados 24 horas al día, donde está mejor cuidada es en una residencia. Yo no la metería en una de esas grandes residencias en manos de los fondos de private equity, porque estos fondos, por su naturaleza, anteponen el lucro a otras cuestiones. Si pudiese, la metería en una residencia pública e intentaría buscar la máxima información posible sobre su funcionamiento.