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La vivienda es un derecho, pero no todas las personas pueden acceder a ella. Especialmente ahora que tanto el precio de compra de una vivienda como el precio del alquiler están por las nubes, son muchas las personas sin recursos económicos que no pueden permitirse un hogar digno y que acaban viéndose desahuciadas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo en 2022 se practicaron hasta 38.266 en España, una cifra que, si bien reduce en un 7,5% los datos de 2021, sigue resultando trágica. De estos desahucios, un 71,9% se produjeron por el impago del alquiler, mientras que un 22,2% se derivaron de ejecuciones hipotecarias. El porcentaje restante, por su parte, responde a estas causas.
Para ayudar a las personas sin recursos que se ven afectadas por los desahucios, en 2012 el Gobierno creó el Fondo Social de Viviendas (FSV), un fondo social de viviendas, cuya propiedad recae en los bancos y entidades de crédito, enfocado a ofrecer cobertura mediante su alquiler a las personas que pierden su vivienda habitual y se encuentran en una situación de necesidad o riesgo social.
Estas viviendas tienen un precio de alquiler que oscila entre los 150 y los 400 euros mensuales y que no puede representar más del 30% de los ingresos anuales de la unidad familiar. La duración de sus contratos es de dos años, aunque puede prorrogarse un año más si los beneficiarios siguen cumpliendo con los requisitos y condiciones de elegibilidad.
El Fondo Social de Viviendas tiene el objetivo de proporcionar un hogar a todas las personas que desde el 31 de diciembre de 2007 hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y se encuentren en situación de vulnerabilidad social, pero para poder acceder a este fondo es necesario cumplir con ciertas condiciones adicionales. Estas son:
A la hora de gestionar las solicitudes que se reciben, desde el Fondo Social de Viviendas priorizarán las solicitudes en las que haya más supuestos del convenio, aquellas en las que haya un mayor número de miembros en la unidad familiar y aquellas en las que las familias tengan menos ingresos, aunque también se considerarán criterios como el grado de discapacidad o dependencia de los solicitantes.
Los bancos que ofrecen alquiler social son el Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Grupo Cajamar, ING, Kutxabank, Bantierra y UCI. Para poder solicitar una de estas viviendas, los interesados deberán acceder a la página web del Fondo Social de Viviendas, donde podrán consultar todos los alquileres disponibles y seleccionar el que mejor encaje con sus necesidades. En algunos casos, no obstante, puede darse el caso de que tengan que presentar su solicitud en el banco.