Las multas de hasta 150.000 euros por superar los límites en Bizum

Todos los movimientos bancarios que hacemos con nuestras cuentas quedan registrados, por eso mismo siempre deben estar justificados en caso de que la Agencia Tributaria así lo requiera o vea que alguno de ellos es sospechoso o que no se ha declarado en la Declaración de Hacienda. Sin embargo, desde la llegada hace casi una década de Bizum muchos se han olvidado de que este pago rápido también es un movimiento bancario más y que hay que tener cuidado, especialmente cuando se envían cifras altas.

Un método de pago cada vez más popular

El Bizum se ha vuelto muy popular porque permite enviar y recibir dinero de forma inmediata y de forma rápida con el móvil sin la complejidad de una transferencia, así que ya no hay excusa para pagar en el momento tu parte de la cena o lo que te toca del regalo de un amigo. Según datos de la propia plataforma, a finales de 2023 ya contaba con más de 25 millones de personas en España que lo utilizaban y lo habían activado en su banco y que optan por este método de pago que cada día realiza millones de transacciones.

Su popularización ha hecho que Hacienda ponga el ojo en esta forma de pago para evitar movimientos fraudulentos, por eso hay que tener cuidado con qué se pone en el ‘asunto’ del pago, que a veces una broma puede salir cara. De esta manera, las entidades bancarias están obligadas a ofrecer a la Administración si fuese necesario datos, informes o justificantes para comprobar que se cumple con las obligaciones tributarias.

Las multas si no se justifica

El propio Bizum tiene sus límites, no se puede hacer uno de menos de 50 céntimos y cómo máximo se puede hacer de 1.000 euros, pero sin superar los 5.000 euros al mes ni los 10.000 al año. Eso si no se quiere declarar, ya que si se supera esta cifra habrá que justificarlo en la declaración de la Renta, con multas de a partir de 600 euros si se incumple.

Esto es la base de la multa, ya que podría ir creciendo en caso de comprobar que hay movimientos raros y un posible fraude en la procedencia del dinero, por lo que la sanción puede terminar elevándose en un 50% de la cantidad que fue enviada, pudiendo alcanzar desde los 60.000 euros hasta los 150.000 en aquellos casos más graves.