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Era una de las exigencias que impuso la Unión Europea para autorizar la 'excepción ibérica' que permite a España y Portugal limitar el precio del gas de natural y, a pesar del retraso, el Gobierno ya ha diseñado los cambios que introducirá en la factura de la luz desde el próximo mes de enero de 2023. A partir de esta fecha habrá una nueva forma de medir el precio en las tarifas PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), aquellas que están acogidas a la regulación del mercado.
Las fuertes oscilaciones que ha sufrido esta tarifa han provocado que más de diez millones de ciudadanos paguen mucho más por la misma cantidad de electricidad que lo que hacían hasta hace poco. De hecho, el coste de la electricidad en el mercado mayorista llegó a incrementarse un 635% en un año, motivo por el que el Ejecutivo tuvo que diseñar el tope al gas.
Lo más destacable es que dejará de indexarse la factura al precio al que se vende la electricidad en el mercado mayorista cada día. Esta cifra seguirá teniendo peso, pero será menor y se irá reduciendo gradualmente. En su lugar, se indexará el precio a una cesta de precios a medio y largo plazo: mensual, trimestral y una media anual. La propuesta del Gobierno indica que, para la señal de precio a plazo, el reparto entre los productos anteriores se haga de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual suponga un 54%.
Lo que se busca es restar volatilidad al sistema y que se beneficien tanto consumidores como comercializadoras, sin abandonar los beneficios de un sistema que, hasta la llegada de la crisis energética, ofrecía una factura más barata. Al cambiar la vinculación del PVPC para incorporar los mercados a plazo del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), se estabilizará el precio, que no oscilará tanto con los vaivenes del mercado. Así, si la luz volviese a marcar un precio récord, como ocurrió tantas veces en los últimos meses, no supondría necesariamente que el consumidor pagase la luz más cara que nunca.
El Ministerio de Transición Ecológica propone que, en lugar de que el precio que marca el MIBEL suponga el 100% de la referencia para la factura, se vayan incorporando las referencias a futuro de forma gradual. Así, en 2023 representarán el 25%, en 2024 aumentarán hasta el 40% y en 2025 ya supondrán el 55% del total. El 45% restante seguirá aportándolo el precio diario de la luz, de modo que las comercializadoras podrán ajustar la oferta a las necesidades reales de consumo. El Gobierno calcula que la oscilación se reducirá un tercio, al tiempo que se incentivará que la demanda se desplace a las horas más baratas con mayor producción de energías renovables. Es decir, que habrá horarios y tramos muy económicos por el uso de energías limpias.
El sistema hasta ahora había sido la opción más barata para los pequeños consumidores, pero no estaba concebido para una situación de crisis como la actual, en el que las reglas del juego han cambiado. Así lo explica el Ministerio en el proyecto del Real Decreto: "La escalada de los precios de la electricidad que se ha venido observando desde el segundo semestre del año 2021 ha puesto en entredicho algunos de los pilares regulatorios sobre los que actualmente se asienta la normativa del sector eléctrico".
De momento, el Gobierno lanza a información pública su propuesta hasta el 7 de noviembre. Después, debería comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023. A partir del 1 de enero de 2024 podrán acogerse a la tarifa solo microempresas. Ese es otro de los cambios que introducirá el Ejecutivo, ya que hasta ahora no había restricciones respecto al tamaño de las compañías que se podían acoger a la tarifa, si bien el límite de potencia a 10 kW ya marcaba un listón.