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El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva norma de consumo que amplía el plazo de garantía de todos los productos comprados en el territorio español de dos a tres años.
Esta normativa, que fue aprobada por el Gobierno en abril de 2021 y que ha sido celebrada por las asociaciones de consumidores, modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007 y forma parte de una estrategia de fomento de la economía circular destinada a mejorar la durabilidad de los productos y reducir el impacto medioambiental del sistema productivo.
Con esta nueva regulación, España añade un año adicional al mínimo de dos años exigido por la Unión Europea e incorpora la directiva (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes a su ordenamiento jurídico. Además de ampliar el plazo de garantía de los productos de dos a tres años, este nuevo reglamento también mantiene que el periodo de garantía de los artículos de segunda mano no podrá ser nunca inferior a un año y que los fabricantes deberán disponer de piezas de reparación y de un servicio técnico adecuado durante un periodo mínimo de 10 años, a contar a partir de la fecha en la que el artículo deje de fabricarse.
La nueva norma de consumo también aumenta de tres a cinco años el plazo de prescripción para que los usuarios puedan ejercer los derechos que tiene cuando el producto presente una falta de conformidad, e incrementa de seis meses a uno o dos años, dependiendo del producto, el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar la falta de conformidad.
Como gran novedad, la reforma incluye por primera vez a los contenidos y servicios digitales, es decir, aplicaciones, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos y programas informáticos, entre otros, que deberán acreditar una garantía de dos años.
La garantía es un derecho de las personas consumidoras reconocido por ley y que afecta a todos los productos destinados a un consumo privado, así como al suministro de contenidos o servicios digitales.
Su objetivo es proteger durante un tiempo determinado al consumidor de los posibles defectos de fábrica y problemas prematuros que tenga un producto, así como de las desavenencias respecto a lo prometido. Para ello, la garantía obliga al vendedor a asumir los costes de estos fallos sin que repercuta económicamente en el cliente.
Existen dos tipos de garantía: la legal y la comercial. La garantía legal es la cobertura obligatoria que debe tener cualquier producto y que incluye el derecho de devolución, reparación, rebaja de precio o resolución del contrato de compraventa. Su duración, con la entrada en vigor de la nueva normativa, es de tres años para los productos nuevos y de uno, como mínimo, para los de segunda mano.
La garantía comercial, por su parte, es una cobertura adicional que pueden ofrecer las empresas a los consumidores como complemento de la legal. Esta garantía no puede ofrecer menos derechos que la legal, ni tampoco sustituirla. Las empresas que otorguen esta garantía deberán, por ley, informar al consumidor de los derechos adicionales que dé esta cobertura, de su duración y aplicación geográfica, así como aportar información sobre el modelo y marca del producto y los datos de la persona que otorgue esta garantía.
Todos los productos tienen una garantía, independientemente de su naturaleza. Si un consumidor identifica un defecto o tiene un fallo de conformidad con su artículo, deberá informar al vendedor sobre el problema, y este deberá reparar o sustituir el producto. En caso de que esta reparación o sustitución no sea posible, el cliente podrá solicitar una rebaja del precio o la resolución del contrato, con la consecuente devolución del importe pagado.
Para poder beneficiarse de la garantía, es necesario que los consumidores guarden el justificante de compra. Además, si se ha contratado una garantía comercial, también deberán conservar el documento original de la garantía.
A la hora de reclamar, pueden darse dos escenarios:
Si un producto es reparado, la propia reparación tendrá una garantía de seis meses. Además, durante el tiempo que dure la reparación, los plazos de la garantía quedarán suspendidos. En caso de que se repare o sustituya un producto, la compañía vendedora deberá entregarle al cliente un justificante de entrega del producto en el que aparezca tanto el defecto como la fecha de entrega, así como documento de recogida en el que figure cuál ha sido la reparación y cuándo se ha llevado a cabo.