{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Acaba de publicarse el dato del gasto en pensiones de octubre, 10.887 millones de euros. Un récord que durará hasta noviembre, en que se marque uno nuevo. Ante el aumento sostenido del gasto en pensiones vuelve a los medios el debate sobre si el Estado del Bienestar beneficia a los mayores en detrimento de los jóvenes, y si de esta desigualdad puede aflorar una lucha entre generaciones. En 2023 se producirá la mayor subida de pensiones de la historia, en torno al 8,5%, y resuenan de nuevo los ecos de un conflicto que nadie ve en las calles, pero que esconde serios peligros.
Las pensiones se comerán el año que viene cuatro de cada diez euros de los Presupuestos Generales del Estado, 190.000 millones de euros, casi 20.000 millones más que en 2022. Unos 14.000 millones son a cuenta de la subida conforme al IPC, que estará cerca del 8,5%. El resto se debe a que se empiezan a jubilar los boomers, cohortes más numerosas y con pensiones más elevadas.
El gasto seguirá subiendo en los años sucesivos. Hoy ya está cerca del 12% del PIB, y según las estimaciones del Banco de España, si no se realizan correcciones importantes, en 2050 supondrá entre el 15% y el 17% del PIB.
Por otro lado, hoy hay 3,5 personas en edad de trabajar por cada pensionista, pero las proyecciones indican que en 2050 habrá 1,5 por pensionista. Desde la perspectiva actual, será imposible que puedan pagar las pensiones solo con las cotizaciones.
Analizando los datos aisladamente cualquier joven debería echarse a temblar, pero los datos macroeconómicos a 30 años vista son poco de fiar. Una variación en parámetros como el aumento del PIB o la prolongación de la vida laboral pueden cambiar drásticamente las predicciones.
Sin obviar la contundencia de los datos, el sistema de pensiones irá cambiando paulatinamente como lo ha hecho hasta ahora, y los jóvenes de hoy tendrán pensiones cuando se jubilen. Bien es cierto que serán necesarios recortes, la palabra maldita en materia de pensiones. Pero la reforma de 2011, que amplió de 15 a 25 años el cómputo de las cotizaciones, ya redujo las pensiones de forma considerable, igual que la ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, decisiones que se han adoptado sin generar controversias. Otra cosa es que los trabajadores estén informados de qué pensión les quedará cuando les toque jubilarse, con la suficiente anticipación como para que puedan adoptar medidas a tiempo.
Los expertos son cautos a la hora de hablar de conflicto generacional, aunque algunos defienden que el aumento del gasto en pensiones se come recursos necesarios para los jóvenes, como son más inversión en educación o en vivienda.
Para la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea Henry, "una cosa no quita la otra, que se mejore la vida de la gente más mayor a través de las pensiones no es excluyente ni incompatible con las políticas enfocadas a la juventud. La verdad es que nos molesta esta situación, porque se habla por nosotras sin saber nuestra realidad ni lo que pensamos. No vemos ningún conflicto”, afirma Henry.
"Intentar enfrentar los intereses de los jóvenes con los de los mayores es simplemente mezquino. Ninguna relación causal existe entre la precariedad de unos y el mantenimiento del poder adquisitivo de otros", explica Jorge Fabra Utray, presidente de Economistas Frente a la Crisis.
Para el economista, mantener ahora el poder adquisitivo de las pensiones no es perjudicial "las pensiones están fuera del proceso productivo. No suponen costes ni para la producción de bienes ni para la prestación de servicios. Es decir, no son inflacionistas. Además, mantener el poder adquisitivo de un colectivo tan amplio, es fundamental para mantener el consumo y contener o minorar la tendencia recesiva de la economía", asegura Fabra.
José Ignacio Conde-Ruiz, economista de Fedea opina que "no se trata de enfrentar a unos contra otros, es un debate puramente aritmético. En los 90 había 9,5 millones de menores de 30 años frente a menos de 5 millones de mayores de 65. Entonces los jóvenes movíamos cosas a nuestro favor. A día de hoy se ha dado la vuelta, y hay menos de 5 millones de menores de 30 por 10 millones de mayores de 65. Los políticos solo les van a ofrecer cosas a ellos para ganar las elecciones, y el futuro va a ser peor", alerta el profesor de Economía de la Universidad Complutense.
Sigue la misma línea el sociólogo Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade, "cuando dices que existe un problema de justicia intergeneracional, te acusan directamente de atacar a la gente mayor, pero eso es la superficie del argumento, la parte estética", se queja Galindo. "En la profundidad de esta situación está que los mayores son muchos y votan todos. Y votan sobre todo a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE, y eso bloquea cualquier tipo de reforma estructural. Al final tenemos un sistema de protección social sesgado hacia la gente de más edad y una mayor protección ante la pobreza para los mayores que para los jóvenes".
Las pensiones son un problema dentro de otro problema mayor, el envejecimiento de las poblaciones. Dentro de 30 años España tendrá 7 millones de personas más en edad de jubilación y 10 millones de personas menos de entre 16 y 64 años. Esta deriva demográfica desequilibra también las sociedades en el plano democrático. Los más mayores deciden elecciones, y ningún partido se atreverá a legislar en su contra.
Se han alzado algunas voces alertando de esta gerontocracia. En 2016, seis meses después del referéndum sobre el Brexit en Reino Unido, en arquitecto Steve Lawrence estudió cómo los partidarios de seguir en Europa habrían ganado con un 52% de los votos, si la consulta se hubiera realizado seis meses después. La razón era muy sencilla: 123.411 de las personas que habían votado a favor de la salida habían muerto en esos meses, la mayor parte de ellos de mayores. El 64% de los británicos de entre 18 y 24 años preferían quedarse en la UE. Pero casi el 60% de los mayores de 65 votaron por salir. Los primeros vivirán una media de 70 años fuera de Europa. Los segundos, no más de 16. "Si un joven de 15 años no puede adoptar una decisión sobre su propio futuro, ¿por qué puede hacerlo quien no va a ver ese futuro?", se preguntaba entonces en Italia el político y cómico Giuseppe Grillo.
Hace 10 años los japoneses Kazumasa Oguro y Ryo Ishida quisieron demostrar que el creciente desequilibrio entre la población activa y los jubilados dañaba la calidad de las decisiones políticas sobre inversiones públicas y pensiones. Y planteaba una novedosa solución: diseñar un sistema electoral que asignara los escaños en función de la esperanza de vida de los votantes. Según su fórmula, si los ciudadanos vivieran hoy una media de 100 años, el número de escaños elegidos por los más jóvenes deberían valer 1,2 veces más que los de un votante de mediana edad y 2,3 veces más que los de un anciano. Se trataría, en definitiva, de igualar un sistema condenado a blindar las políticas a corto plazo y a olvidar a las generaciones futuras por culpa de la baja natalidad y el irremediable envejecimiento de la población.
El Consejo de la Juventud lleva años reclamando el voto para los mayores de 16 años para equilibrar un poco la desigualdad demográfica, pero llama la atención que en España los mayores de 16 años pueden abortar o cambiarse de sexo, pero no pueden votar.
En la creación del relato de la confrontación entre jóvenes y mayores se utilizan argumentos un tanto tramposos, como comparar los ingresos de unos y otros o el índice de pobreza en un momento determinado. "Lo que no podemos hacer es comparar a los jóvenes con los mayores actualmente. O comparamos a los jóvenes de hoy con los mayores cuando eran jóvenes, o proyectamos cómo van a ser los jóvenes actuales cuando sean mayores, cosa que no sabemos. No puedes comparar generaciones, si no lo haces a la misma edad", explica el demógrafo e investigador del CSIC Julio Pérez Díaz.
Nuestro sistema de pensiones es de reparto y solidario, es decir, que favorece a los que menos renta tienen. Pasados los 65 años, las posibilidades de planificar el futuro financiero son muy limitadas. Además, la gran mayoría de las pensiones son bajas. De los 10 millones de pensionistas, contando las de viudedad, orfandad y de incapacidad, 6 millones están por debajo de los 1.000 euros.
Las pensiones también sostienen el cuidado de la mayoría de los más mayores. El sistema de atención a la dependencia no es suficiente, y las pensiones pagan de facto gran parte de los cuidados, tanto formales como, sobre todo, informales, del creciente número de personas que necesitan ayuda diaria.
Lo que es inevitable es que el sistema siga modificándose. En el medio plazo, las pensiones necesitarán financiarse, además de con cotizaciones sociales, con la contribución fiscal, que debe estar vinculada al nivel de renta y riqueza con criterio de suficiencia, equidad y progresividad, es decir que paguemos todos y que pague más el que más tiene. Según los últimos datos de Eurostat, la presión fiscal en Francia es del 47,5%. En España es del 37,5%, lo que supone una menor recaudación de 120.000 millones de euros al año.
También tenemos dos asignaturas pendientes que pueden aligerar la carga: el aumento de la inmigración y la mejora de la productividad. Cualquier variación en estos factores aliviaría la presión del sistema en el futuro.
Kofi Annan, secretario general de la ONU durante la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento alertaba de que "existe otro peligro que acompaña al cambio climático y tensiona los sistemas sociales y económicos de gran arte de mundo: en envejecimiento de las poblaciones. Si no nos preparamos para vivir en sociedades envejecidas, se crearán profundas desigualdades que afectarán a la calidad de vida de muchos ciudadanos".
Pensiones más costosas de sufragar y un aumento progresivo del gasto en Sanidad y Dependencia acompañan al envejecimiento social. Y España será en 2050 el país más envejecido del mundo. Por ahora se han puesto en evidencia las amenazas, "pero debemos ser capaces de encontrar las oportunidades que nos brinda este proceso", explicaba el secretario General de la ONU.
Generar dudas sobre el sistema de pensiones actual es dinamitar uno de los pilares más sólidos de nuestro Estado de Bienestar, que se ha mostrado más estable que los sistemas de capitalización, y menos expuestos a los vaivenes de los mercados. No hay más que recordar lo ocurrido hace unas semanas los planes de pensiones del Reino Unido, llevados al borde de la quiebra por los mercados financieros y rescatados finalmente por el Banco de Inglaterra.
Avivar las llamas de un conflicto entre generaciones puede hacer que los jóvenes pierdan la confianza en el sistema, y que se aventuren en decisiones económicas arriesgadas para su futuro y para el futuro del sistema.
"La estrategia a seguir es que los trabajadores más mayores y los jubilados tenemos que pedir cosas para los jóvenes, porque los políticos nunca se las van a dar, porque no pesan, son irrelevantes en las elecciones. Habría que mirar más por los jóvenes porque las políticas que benefician a los jóvenes mejoran el crecimiento a largo plazo", concluye el doctor en Economía Ignacio Conde-Ruiz.