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El Gobierno propone subir a 28 los años que se tengan en cuenta para calcular la pensión. Actualmente se tienen en cuenta 25, y ampliar tres años más supondrá una bajada muy moderada de las pensiones iniciales para la mayoría de los trabajadores, y una mejora de las pensiones de las mujeres, autónomos y de quienes hayan perdido su empleo al final de su vida laboral.
Antes de que acabe el año debe estar cerrada la segunda parte de la reforma de las pensiones que tomará decisiones sobre dos asuntos: la ampliación de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas; y la ampliación del número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Esta última medida afecta a todos los trabajadores, y por lo tanto es la de más calado.
El Gobierno ha presentado una propuesta en la mesa de diálogo social para ampliar de los últimos 25 años que se tienen en cuenta hoy, a los últimos 30 años de cotizaciones para calcular la pensión, con la posibilidad de excluir los dos peores. Es decir, escoger 28 años dentro de los últimos 30.
El planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, éste alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.
Aunque las negociaciones están abiertas, tanto los sindicatos como la patronal se han mostrado contrarios a la propuesta, y es posible que el Gobierno deba legislar finalmente la medida por vía de real decreto, ya que no hay tiempo para otra cosa, si se quiere cumplir con los compromisos adquiridos con Europa antes de fin de año.
En un estudio realizado recientemente por los investigadores del Banco de España Alejandro Muñoz-Julve y Roberto Ramos se analiza el efecto de cambios año a año sobre la pensión inicial, y qué trabajadores salen perjudicados y cuáles beneficiados con la medida propuesta. Aunque el estudio se realiza sobre la base de ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo, de él se pueden extraer conclusiones interesantes sobre cuánto puede bajar la pensión y a quiénes afecta para bien y para mal.
Los autores del estudio explican que "en la medida en que los trabajadores suelen experimentar un perfil salarial creciente a lo largo de los años, extensiones en el período de cálculo tienden a reducir el promedio de sus bases de cotización, ya que las bases más bajas se concentran en los meses más alejados de la jubilación".
En el documento se afirma que “tomar en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación arrojaría una pensión media aproximadamente equivalente a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación”. Por lo tanto, la medida propuesta tendría un efecto muy limitado en las pensiones de la mayoría.
Coinciden en esto con el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, para quien "el efecto va a ser neutral, sin cambios en la cuantía promedio de las pensiones, pero dependerá de las distintas carreras de cotización, y aún no hemos calculado cual va a ser el efecto en cada colectivo" explica el experto.
El Gobierno calcula que su propuesta va a beneficiar al 30% de los trabajadores, aquellos que tienen carreras desiguales y que para el resto tendrá "un efecto relativamente neutro". Aunque desde el Gobierno se ha defendido la idea de que ya se computan 25 años para el cálculo y que la cuantía de las pensiones no se ha resentido, esto no es cierto, ya que las pensiones bajaron un 5% con las ampliación del período de 15 a 25 años.
Para el economista Eduardo Garzón "aunque esa medida pudiese perjudicar menos a quienes han quedado desempleados o en trabajos peor pagados, perjudica mucho al trabajador que tiene estabilidad laboral y que va siempre aumentando su remuneración, porque el nuevo cálculo contempla años con menos salario".
Para el Banco de España "esta forma de determinar la base reguladora produciría, en promedio, un incremento de la prestación inicial de las pensiones que se sitúan por debajo de la mediana y una caída de la prestación inicial para las pensiones en el cuarto cuartil de la distribución" esto es, para las pensiones más altas.
Para los autores del estudio "la posibilidad de descartar los años más desfavorables en el cálculo de la pensión beneficiaría, relativamente, a los trabajadores afectados por lagunas de cotización o períodos de desempleo, así como a las pensiones por debajo de la mediana, de modo que la desigualdad en la cuantía de las nuevas prestaciones sería ligeramente menor que la resultante de un esquema que utilizase los 25 años previos a la jubilación".
Los que tienen topada la pensión tampoco estarán afectados por la medida ya que "si un trabajador está topado por la pensión máxima antes y después de la extensión del período de cálculo, el efecto de dicha extensión sobre su pensión será inocuo, incluso aunque este cambio implique una reducción de su base reguladora", se afirma en el informe.
La Seguridad Social no ha hecho públicos sus cálculos sobre cómo afectará a los distintos colectivos las medidas propuestas, pero sí ha planteado una mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo. Las intenciones del Ministerio contemplan, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos, aunque durante la negociación se habrán de concretar estas propuestas.