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Si poner fin a una relación laboral entre un trabajador y la empresa ya es complicado debido a la cantidad de escenarios en los que puede producirse, el asunto se vuelve un auténtico galimatías si la persona que sale de la compañía es un CEO, es decir, la persona con más alta responsabilidad en la empresa. Así al menos lo imaginamos después de seguir, mediáticamente, el último relevo en la presidencia de Inditex: Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla.
A menudo esa salida ocurre una vez alcanzada la cima en cuanto a éxito profesional y, por tanto, suele ser la persona en la que la empresa ha depositado su mayor confianza. Conoce mejor que nadie sus fortalezas, las líneas rojas, los valores infranqueables o la estrategia corporativa. Todo esto significa que una despedida, voluntaria o forzosa, exige hilar muy fino.
Jesús Tallos, abogado laboral de Gómez-Acebo & Pombo, nos da algunas pistas sobre el modo de pactar una salida a la altura de la de Isla.
Estos detalles que describe Tallos nos dan una idea de cómo se han tejido algunas de las salidas más sonadas.
Aunque la noticia sentó a los mercados como un jarro de agua fría, la salida del presidente de Inditex llevaba fraguándose y madurando varios meses. No se marchará del imperio textil de Amancio Ortega con las manos vacías, sino con el finiquito que resulta de sumar varias cantidades exorbitantes.
Por una parte, acumula acciones por un valor superior a 55 millones de euros, además de nueve millones en su plan de pensiones. Isla renunció hace seis años a que se realizaran nuevas aportaciones, pero tiene aún pendiente esa cantidad según se refleja en la documentación de la compañía.
Por otra parte, su dimisión le da derecho al cobro de una indemnización de 3,25 millones de euros, su retribución fija en los dos últimos años. Esto eleva el importe a 6,50 millones de euros y le impide trabajar en la competencia hasta 2024. Tiene también planes de incentivos a largo plazo por 5,7 millones más
César Alierta dejó la presidencia de Telefónica en marzo de 2016, con 70 años, aunque permaneció un tiempo más como consejero del grupo. La operadora había sustituido en 2014 su blindaje por una aportación extraordinaria de 35,6 millones de euros, que cobró un año antes de su salida. A esa cantidad se le sumaron casi los 15 millones que acumulaba su Plan de Previsión Social de Directivos.
Además, se fijó una asignación anual adicional, de forma fija, de 500.000 euros por "su compromiso de contribuir de forma especial" a las relaciones institucionales del grupo. El ejecutivo zaragozano se garantizó una de las pensiones más altas de la historia empresarial española. Antes de él, hubo marchas muy mediáticas. Ángel Corcóstegui, exconsejero delegado de Central Hispano, recibió 108 millones de euros por su salida de la entidad tras la fusión con el Santander. Alfredo Sáenz recibió 88 millones en 2013 tras abandonar el Santander.
Fue en mayo cuando el consejo de administración de Indra aprobó el cese de Fernando Abril-Martorell como presidente ejecutivo. Según se supo, la decisión estaba tomada desde hacía semanas y se había negociado la rescisión del contrato con la condición de que la transición hacia la elección de un nuevo presidente se hiciese de manera tranquila. Una filtración sobre el nuevo candidato a la sucesión provocó el desplome de la compañía en Bolsa y precipitó los acontecimientos.
La compañía tecnológica le indemnizó con 3,1 millones de euros que se sumaron a los 2,32 millones por no competencia y un finiquito de 750.000 euros por no haberse cumplido los tres meses de preaviso estipulados.