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Gobierno, patronal y sindicatos se han felicitado por el acuerdo alcanzado para reformar las pensiones, pero lo cierto es que no hay motivos para la alegría. Los expertos Ignacio Conde Ruiz, José Antonio Herce, Enrique Devesa, Rafael Doménech y Ángel de la Fuente explican qué efectos tendrán las medidas aprobadas y si serán suficientes para afrontar el desafío de los boomers.
Esta reforma de pensiones se hará en dos partes. La primera parte, firmada el 1 de julio, contempla tres medidas principales: sacar gastos impropios de la Seguridad Social; subir las pensiones conforme al IPC; e intentar que nos mantengamos en activo más tiempo, penalizando las jubilaciones anticipadas e incentivando que trabajemos más allá de la edad ordinaria de jubilación.
Se ha dejado para más adelante, finales de 2022, las medidas que supondrán recortes a las pensiones actuales: un nuevo factor de equidad intergeneracional; una fórmula nueva para calcular la pensión que probablemente amplíe los años de cotización que se tienen en cuenta; y la reforma de las pensiones de los autónomos.
De lo acordado y firmado en julio podemos afirmar que generará más deuda y más gasto. Para el doctor en Economía por la Carlos III y vicepresidente de FEDEA, Ignacio Conde-Ruiz, "todo apunta a que en escenarios bastante prudentes el déficit podría multiplicarse por cuatro y hay que hacer supuestos optimistas (aunque factibles) para prever que sólo se triplique". Conde-Ruiz es rotundo "para mantener el sistema actual sin cambios (incluso sin reducir el déficit actual del 1,6% del PIB), en las próximas décadas serían necesarios unos 29 millones de cotizantes para poder pagar los más de 15 millones de pensiones previstos en 2050. Para evitar el aumento de la tasa de dependencia y del déficit del sistema, la edad de jubilación debería aumentar progresivamente hasta los 76 años en 2050, lo que parece muy poco probable".
El experto en longevidad y pensiones, José Antonio Herce, afirma que la deuda es el problema. "A Bruselas le da igual lo que hagamos, como si queremos pagar el doble de pensión. Lo que no quiere es deuda, no quiere otra crisis de deuda soberana. Si la única forma de que se acumule deuda es quitar una paga extra, lo va a imponer, pero no porque quiera intervenir en nuestro sistema de pensiones". La deuda española está en máximos históricos, por encima del 125% del PIB.
El acuerdo contempla subir las pensiones cada año conforme al IPC, y no restar nada en años de inflación negativa. Según los cálculos elaborados por Fedea, en un contexto económico de normalidad la inflación media se sitúa en torno al 2%. Con estos números, el gasto anual en pensiones de jubilación subiría en 2.400 millones de euros.
Herce no ve con buenos ojos la subida conforme al IPC tal y como se ha planteado. "Esta medida nos deja un sabor agridulce porque el mecanismo no es simétrico. Si los precios caen, aumentará el poder adquisitivo de los pensionistas, mientras que otras rentas no lo harán porque los salarios, probablemente, no van a tener la suerte de verse siempre actualizados al alza con el IPC. Esta asimetría es una mala noticia porque aumenta innecesariamente el gasto en pensiones. Es un problema que se puede dar y redunda en la insostenibilidad del sistema. No sabemos cómo vamos a pagar esas actualizaciones cuando la inflación sea elevada", concluye el presidente del Instituto BBVA de Pensiones.
Para Enrique Devesa, profesor en la Universidad de Valencia y uno de los expertos que participó en la reforma del 2013, subir con el IPC "es una solución fácil porque es lo que exigen los pensionistas y lo más sencillo de aplicar, y no enfrentarse a 9 millones de personas que saldrían a protestar. En los números que hemos visto, a corto plazo el efecto no sería visible -aunque ya tenemos un déficit contributivo de 20.000 millones-, pero dentro de 30 años pasaríamos del 1,6% del PIB actual al 5%", afirma Devesa.
Otro de los objetivos de la reforma es que nos jubilemos más tarde. Para ello se penalizan algunas jubilaciones anticipadas y se incentiva el seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación. Para Herce, las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas "tardarán años en generalizarse porque tenemos por delante una transición. Con lo cual, esas penalizaciones no van a ser muy disuasorias en los próximos años. Cuando de verdad duela a la totalidad de los trabajadores, veremos cuántos lo hacen. El problema es que hasta que empiece a doler la reforma habrá una avalancha de gente que se jubile anticipadamente", opina Herce.
La reforma fija en un 4% el aumento de la pensión por cada año que se trabaje de más. Según Herce "la bonificación del 4% tampoco estaba funcionando, no estaba logrando que la gente demorarse su jubilación. Dudo mucho que sirva ahora, aunque se ha ideado un cheque de hasta 12.060 euros para la pensión máxima. Es un truco. El ministro Escrivá es muy astuto porque la mayor parte de los españoles va a elegir cobrar 12.000 de golpe en lugar 32.000 mes a mes. Si la gente se deja confundir por este espejismo, que no es más que un juego conductual, el sistema se va a ahorrar 20.000 euros en el ciclo de vida de cada pensionista a cambio de los 12.000 a tocateja", concluye Herce.
Otra reforma firmada es sacar algunas partidas que ahora se pagan por la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, pagarlas en vez de con cotizaciones, con impuestos. Enrique Devesa no cree que sanee las cuentas. "Lo veo muy difícil porque todas las previsiones apuntan a que como mucho se podría llegar a mantener el actual nivel de déficit o reducirse muy ligeramente. Pero todo eso sería simplemente cambiar de dónde pago: en lugar de pagar de los presupuestos de la Seguridad Social, lo pago de los presupuestos del Estado y, en definitiva, en el consolidado del sistema, el resultado sería el mismo. Solo se maquillaría el resultado de la Seguridad Social", explica Devesa.
Según estos expertos las medidas firmadas hasta ahora sólo aumentan el gasto y no mejoran la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Qué habría que hacer? El economista Rafael Doménech aboga por "introducir mecanismos automáticos que incentiven carreras laborales más largas y ajusten la cuantía de la pensión inicial de manera gradual en función de la esperanza de vida y del equilibrio financiero del sistema. Es lo que países como Suecia hicieron hace décadas al pasar a un sistema de reparto de cuentas nocionales individuales. De lo contrario, el déficit del sistema público de pensiones en lugar de corregirse se ampliará, poniendo en peligro un pilar básico del estado de bienestar", advierte Doménech.
Para Enrique Devesa "la solución sería introducir algún mecanismo de ajuste, acabar de implantar la reforma de 2011 como está pactado y que la reforma de 2013 vuelva a aplicarse. Por un lado el factor de sostenibilidad y por otro el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que haría que, de manera automática, fuésemos a una senda de ajuste entre ingresos y gastos. Pero eso supone que los pensionistas pongan una parte, pagándolo con una revalorización de las pensiones por debajo del IPC y una pérdida de poder adquisitivo".
Herce está en la misma línea y afirma que "hemos hecho el bestia derogando la reforma de 2013 porque la tercera 'no medida' de este acuerdo es la derogación del Factor de Sostenibilidad. Para mí, eso es una desgracia. El IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) se podría haber mejorado para desembocar en algo parecido al IPC y lo mismo pasa con el Factor de Sostenibilidad. Hemos perdido una década con esta reforma, en 2011 ya llevábamos tiempo perdido porque la última gran reforma que se hizo en España, de verdad, fue la del 85. Llevamos 35 años de espera", explica el profesor.
Para Ángel de la Fuente, "será necesario adoptar medidas de contención del gasto en pensiones que habrán de extenderse tanto a los pensionistas presentes como a los futuros, afectando por tanto no solo al cálculo de las pensiones, sino también a su revalorización. Entre estas medidas deberían incluirse la extensión gradual del período de cómputo de la pensión a toda la vida laboral junto con un endurecimiento de otros parámetros que determinan el cómputo de la pensión y el acceso a la misma, así como la puesta en marcha, lo antes posible, del factor de sostenibilidad o el establecimiento, una vez alcanzada la edad de jubilación de 67 años, de un nexo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida en buena salud, con las salvaguardas necesarias para las ocupaciones de mayor penosidad. En cuanto a la revalorización de las pensiones, las mínimas deberían ligarse al IPC con el fin de garantizar su suficiencia, pero para el resto de prestaciones debería introducirse un índice de actualización diferente que debería ser sensible a la situación financiera del sistema, e incluir un límite máximo a la pérdida acumulada de poder adquisitivo", señala De la Fuente.
De la Fuente deja una reflexión en el aire, "los costes de la transición demográfica a la que nos enfrentaremos hasta 2050 serán muy elevados y plantearán cuestiones complicadas. Una de ellas es si podemos permitirnos el lujo de eximir a los ya jubilados, que son muchos y pronto serán muchos más, de los sacrificios necesarios. Si lo hacemos, la factura para los más jóvenes será tanto mayor, y eso planteará serios problemas de equidad intergeneracional porque coincidirá con una situación en la que cada vez habrá menos personas en edad de trabajar para pagar la pensión de cada jubilado", termina.