¿Por qué el impuesto de sucesiones es diferente entre comunidades autónomas?

El impuesto de sucesiones es uno de los más polémicos de nuestro sistema. Cada cierto tiempo, las redes viralizan el testimonio de algún que otro heredero que debe de pagar una sustanciosa suma de dinero para poder acceder a los bienes legados y el debate reaparece con renovadas fuerzas y dos fracciones muy bien diferenciadas: por un lado, los que abogan que el impuesto de sucesión es injusto y debe eliminarse; por otro, los que defienden que es necesario para asegurar la igualdad de oportunidades del país.

Hace un par de meses, en mayo, la OCDE, la organización de países desarrollados, se pronunció al respecto, y declaró que, lejos de eliminarlo, lo recomendable sería aumentarlo para mejorar la igualdad y solucionar el desequilibrio de las cuentas públicas dejado por la pandemia del coronavirus. Según el organismo, los enfoques tradicionales de recaudación, como el incremento de los impuestos el consumo y los ingresos laborales que se siguió en 2008, podrían ser contraproducentes para la recuperación económica del país, mientras que el gravamen sobre las herencias podría jugar un papel importante a la hora de aumentar los ingresos, reducir las desigualdades y aumentar la eficiencia.

Además, apuntan que si bien la mayoría de los países miembros gravan las herencias o donaciones, este tipo de impuestos representan tan solo el 0,53% de media del total de la recaudación fiscal. En el caso de España, este porcentaje es del 0,58%, una cifra que supera por poco a la media pero que sigue siendo insuficiente, a pesar de que las herencias acumularon incrementos al alza en noviembre, octubre y septiembre de 2020.

Para solucionar este problema, la OCDE aboga por revisar el diseño de estos impuestos, incluyendo umbrales de exención para herencias pequeñas o tasas impositivas progresivas para que aquellos que reciban más riqueza paguen más. Pero si atendemos a nuestro país, este rediseño deberá pasar primero por una armonización que elimine la disparidad que existe entre las Comunidades Autónomas y que está generando una desigualdad de trato entre los ciudadanos, que en muchos casos se plantean donar en vida o empadronarse en otras regiones para que sus herederos puedan pagar menos.

El motivo detrás de estas diferencias se encuentra en la propia gestión del gravamen. Y es que a pesar de estar regulado por la normativa estatal y de gravarse en todo el territorio español, el impuesto de sucesiones es competencia de las Comunidades Autónomas, que pueden aplicar todas las reducciones, bonificaciones y deducciones que consideren en función de la política fiscal que quieran llevar en cada momento. Es decir: a la hora de calcular este impuesto, no solo se deben aplicar las reducciones estatales, sino también aquellas aprobadas por cada gobierno autonómico, que tendrá potestad para decidir cuánto y a quién beneficiar.

Esta cesión de las competencias da pie a que a lo largo del país se produzcan todo tipo de desigualdades a la hora de heredar bienes por un valor igual o semejante. Por poner un ejemplo, si ahora mismo una persona heredase bienes por valor de 800.000 euros, tendría que pagar 103.000 euros en Asturias, 81.000 en Castilla y León y 63.000 en la Comunidad Valenciana.

Estas tres comunidades son las que tienen el gravamen más alto de todo el país. En el extremo contrario, en cambio, se encuentran Andalucía, Galicia y Cantabria, que tienen el impuesto de sucesiones a cero. Además, en comunidades como Madrid, Murcia o el País Vasco también tendría que pagar una cantidad simbólica: en el caso madrileño, sería de 1.586 euros; en el caso murciano, de 1.640; y en el vasco, de 3.150, unas cifras muy alejadas de lo que se pide en las tres comunidades que lideran la tabla.

Para acabar con esta desigualdad, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, pretende llevar a cabo una armonización fiscal de los tributos autonómicos, entre los que también se encuentran el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de patrimonio. Los 17 integrantes del grupo de expertos que abordarán esta reforma deberán presentar sus conclusiones ante el Ejecutivo el próximo 28 de febrero, aunque previamente podrán adelantar las premisas que crean que pueden ser de interés de cara a preparar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Eso sí, de momento toca esperar.