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52 años. Esa es la media de edad de las personas que trabajan en la Administración Pública. Cada año, esa cifra se va incrementando por la falta de nuevos puestos en la base de la pirámide y por las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a ellos. Ante esta disyuntiva, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha elaborado un documento con propuestas para facilitar el acceso a este mercado laboral de cara a los nuevos opositores, a tus hijos. Así es como cambiarán las oposiciones de aquí a 2025
A 1 de enero de 2020, la edad media del funcionariado era de 51,63 años, la de los hombres 51,97 años y la de las mujeres 51,30 años, frente a los 42 años de promedio de la población activa en general. Si nos atenemos a la distribución por tramos de edad, el 66,15% del funcionariado tiene 50 años o más, concentrándose en su mayoría en el tramo de 50 a 59 años. En el sentido contrario, el personal con edad inferior a 40 años representa tan solo el 11,67 % del total de funcionarios en la Administración.
A esta situación de envejecimiento de la plantilla, se le suma el hecho de que, hasta 2030, se estima que el 56,30% de la plantilla actual se jubilará. Por tipos de personal, en el caso del personal funcionario de carrera se estima que se jubilarán 78.229 efectivos (un 56,27 % del total), y en el caso del personal laboral se jubilarán 21.768 efectivos (un 56,42% del total).
Según el informe, los procesos selectivos, en el caso del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, pueden prolongarse hasta 772 días. Por eso, quieren reducirlos "haciendo uso pleno del potencial de las tecnologías de la información y comunicaciones".
¿Cómo lo harán? Según plantea, "con la reducción del número de ejercicios, la unificación de pruebas compatibles o la realización de más de un ejercicio en un mismo día aunque sean eliminatorios".
Además, también quieren un modelo "flexible y adaptable y abordar gradualmente la transición desde el predominio en las oposiciones de las pruebas memorísticas a la realización de pruebas que valoren las competencias además de los conocimientos de las personas aspirantes".
La lentitud hasta que se convoca la oposición y el tiempo que hay que dedicarle a estudiar son motivos que pueden llegar a desmotivar a quien no se puede estar sufragando los gastos durante ese periodo. Por ello, la propuesta de reforma incluye dar ayudas a quienes no puedan pagárselo pero quieran estudiar una oposición.
"Este documento propone implantar un sistema de apoyo que contribuya a eliminar las barreras socioeconómicas en el acceso al empleo público y velar por una composición diversa y representativa de todo el territorio nacional en el empleo público estatal", reza el texto.
Además, también habría una elaboración "y puesta a disposición gratuita para las personas aspirantes de materiales y herramientas de ayuda al aprendizaje".
Otra de las consideraciones para el cambio planteadas en este informe tiene que ver con la propia idiosincrasia de los exámenes. Se propone la "reducción del número de ejercicios unificando las pruebas que sean compatibles o, en su defecto, acumulando la realización de más de un ejercicio en un mismo día aunque sean eliminatorios".
También se prevé suprimir aquellos exámenes orales que estén enfocados únicamente a la "mera acreditación memorística de conocimientos", y establecer una "tendencia progresiva hacia pruebas basadas en cuestionarios de respuestas alternativas y en la resolución de casos prácticos y de análisis en los que el tribunal y la persona opositora puedan establecer un diálogo".
La acreditación de los idiomas también es posible que cambien. Según la propuesta, se promoverá la "sustitución, siempre que sea posible, del ejercicio de idiomas por el requisito de la certificación del nivel correspondiente del marco común europeo de referencia para las lenguas".
Por último, se propone que los exámenes se realicen en 19 puntos distintos repartidos por toda España para acabar con la desigualdad que se produce al tener que trasladarse hasta Madrid para realizar los exámenes.
Según se recoge en el documento, "las orientaciones y proyectos de este documento se concretarán en un Plan ejecutivo que nacerá del diálogo, acuerdo y trabajo conjunto y que será elevado a la Comisión Superior de Personal antes del 31 de diciembre de 2021, de manera que se garantice su plena efectividad en la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2025".