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Sube la cesta de la compra, sube el recibo de la luz y sube la gasolina. Y para colmo recibes una carta de tu casero en la que te anuncian que te suben el alquiler, y no se trata precisamente de una subida comprensiva o proporcionada en estos tiempos de inflación disparada. Te quieren cobrar 700 euros más. Firmas o te vas a la calle. Esto es lo que les está sucediendo a medio centenar de familias del madrileño barrio de Soto del Henares.
Esas familias se han organizado a través del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid y han decidido dar el paso de plantarle cara a su casero, nada menos que Blackstone, el mayor fondo de inversión mundial en el mercado de la vivienda.
Una buena parte de los pisos de Soto del Henares pertenecen a Fidere y Testa, las filiales españolas de este fondo, y que exigen unas subidas de alquiler que suponen, en algunos casos, pagar hasta un 60% más en el momento de renovar los contratos. El Sindicato lo tiene claro: El objetivo es echar a los vecinos de sus casas. El de los inquilinos es seguir viviendo en ellas sin aceptar el aumento.
“Esta operación, basada en un aumento de sus propios beneficios económicos, es lanzada por el fondo de inversión con el fin de lucrarse de un contexto económico donde todos los suministros básicos para la vida están aumentado sus precios”, acusan desde el Sindicato en declaraciones recogidas por 'El Salto'. "Como ellos están subiendo los precios, quien pone en alquiler un piso en Torrejón está haciendo lo mismo, así que esto nos afecta a todos. Blackstone marca los precios", explica César, uno de los afectados, en 'El diario'.
A la mitad de estas familias ya les ha vencido el contrato y "se mantienen firmes en no pagar esta subida abusiva", dicen desde el Sindicato de Inquilinos. A la otra mitad se les irá venciendo en los próximos meses y planean ir uniéndose a la campaña #NosQuedamos, basada en quedarse en la vivienda pagando la misma cantidad, como han hecho siempre, como forma de presión para conseguir una negociación colectiva entre el Sindicato y el gran tenedor. De hecho, no se niegan a pagar, siempre que sea una subida razonable, como, por ejemplo, del IPC.
Los vecinos creen que las prórrogas del contrato un año al mismo precio que les están ofreciendo a algunos e ellos son una estrategia para dividirlos y que dentro de 12 meses vuelvan a encontrarse en una situación similar, pero con menos fuerza para hacer frente a la multinacional. Por eso la idea es negociar todos juntos.
Hace menos de un año este colectivo ya cosechó una histórica victoria contra Blackstone tras lograr que más de 80 familias, distribuidas por toda la Comunidad de Madrid, se quedaran en sus casas sin aceptar subidas abusivas en el precio de sus contratos: "Una de las mayores negociaciones colectivas del movimiento por el derecho a la vivienda".
Esa misma táctica de subidas abusivas y "desahucios invisibles" ha sido utilizada recientemente por Caixabank, el primer banco español tras la fusión, con una treintena de familias de Pinto y Vallecas, también en Madrid. Las familias, organizadas en el Sindicato, también se han unido a la campaña #NosQuedamos.
"Sabemos que mientras se siga permitiendo que la vivienda sea un bien de mercado con el que especular, Blackstone y el resto de grandes propietarios de vivienda podrán seguir asfixiando a la gente, con unas subidas del precio del alquiler que se llevan más del 70% del salario de las inquilinas", denuncia el colectivo, que lamenta que mientras que en el Congreso "no parecen tener ninguna prisa en aprobar una ley de vivienda garantista, se continúa permitiendo que estos grandes fondos de capital sigan haciendo negocio con las viviendas de miles de inquilinos por todo el Estado".
Además, el Sindicato denuncia que no se está cumpliendo con el tope a las subidas establecido a finales de marzo en el decreto ley para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. Ante el incremento disparado del IPC, el Gobierno aprobó que los contratos que tuvieran que renovarse hasta el 30 de junio no se revalorizaran en función de ese índice, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que establece un máximo del 2%.