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Ponte en situación: te vas de vacaciones a tu segunda residencia y, cuando llegas, te la encuentras 'okupada'. O en el camino inverso: regresas de tus días de asueto y no puedes entrar en tu primera residencia porque te han cambiado la cerradura y hay "nuevos" inquilinos dentro. Y un tercer caso. Llegas a una vivienda que acabas de heredar y que lleva diez años vacía y está okupada. ¿Qué diferencia hay entre un caso y otro? ¿Qué puedes hacer para intentar recuperar lo que es tuyo?
Las 'okupaciones' están a la orden del día. En los seis primeros meses de 2020, el número de denuncias por este hecho ha llegado hasta las 7.450, lo que supone un 5% más que durante el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. La crisis por el coronavirus y la precariedad en la que viven muchas familias españolas ha disparado el número. Pero no todas las 'okupaciones' son iguales.
En primer lugar, "lo que se conoce popularmente como "okupación" (usurpación en términos jurídicos) solo puede darse en inmuebles abandonados, vacíos o en desuso permanente, por ello jamás se podrá hablar de "okupación" cuando el inmueble es la residencia habitual, o segunda residencia, de una persona por más que esta pueda estar temporalmente sin ser habitada por haberse ido la propietaria (o poseedora) unas semanas de vacaciones o por solo usarla los meses de verano, por ejemplo. La mera entrada en una residencia habitual de una persona sin su autorización, es ya delito de allanamiento de morada, castigado hasta con 2 años de prisión", explica para Uppers el abogado especializado Eduardo Gómez, de Red-Jurídica.
Para su compañero de profesión, Javier Prudencio Morillas, "en teoría hay una tutela legal mucho mayor y directa sobre las primeras viviendas". Aunque no hay ninguna razón para que los moradores no fueran detenidos de inmediato, hay unas cuestiones prácticas que lo impiden, "como el uso de niños escudo, que convierte una detención de los moradores de la vivienda en imposible, así que lo que hace la policía es decirle al propietario que se pase por la comisaría a denunciar y ya entraría en los plazos de los juzgados".
Y ahí es donde comienza uno de los grandes problemas de todo este asunto: la lentitud de la rueda judicial. "Habría que dotar de más medios materiales y personales a la Administración de Justicia, que es un mal endémico de nuestro país que afecta no solo al propietario al que una familia le 'okupa' un inmueble que no usa para nada, y los juzgados tardan un año en echarla. Sino también a la madre de esa familia a la que el jefe lleva 4 meses sin pagarle la nómina y los juzgados de lo social tardan 2 años en darle la razón y obligar al empresario a pagarle", se queja Gómez.
En estos casos, en los que ya se podría hablar de 'okupación' propiamente dicha, los plazos de la justicia pueden ser incluso aun mayores. "Sobre las segundas viviendas hay una línea jurisprudencial que nunca he visto aplicada que indica que se puede proteger con la misma intensidad que la misma vivienda, pero la realidad, sea primera, segunda o una vivienda como inversión, depende de la actitud que decida tomar la fuerza policial actuante en función de las circunstancias que vea", dice Morillas.
Así, en el caso de que te llevaras la ingrata sorpresa de llegar a tu segunda residencia en la playa y encontrártela con unos nuevos inquilinos de los que no tenías constancia, las opciones de recuperarla de inmediato para disfrutar del periodo vacacional se reducen a prácticamente cero. "Mi consejo a esa familia es que se volvieran a su lugar de residencia habitual, que lo denuncien y que acudan a la vía civil, no en vía penal porque el proceso es más largo".
A juicio del abogado, en partidos judiciales más pequeños, donde las fuerzas del orden están en contacto mucho más directo con el juzgado de guardia incluso por WhatsApp "hay actuaciones más rápidas porque la policía sabe que tiene la cobertura legal directa del juzgado de guardia que, si hace falta, se le expresaría formalmente, pero en las capitales de provincias esto no es la norma ni mucho menos y de ahí la timidez con la que se desempeña la Policía Nacional o la Guardia Civil".
Este hecho, junto con otras triquiñuelas, hacen que los desahucios se puedan demorar hasta los 12-14 meses en las grandes ciudades y hasta los 4-10 en los lugares más pequeños, y siempre que sea por la vía civil. Durante ese tiempo, el 'okupante' tiene una capacidad de negociación importante porque ostenta la posesión de la vivienda y, de hecho, puede causar daños en la misma.
En un mundo tan polarizado como el que vivimos, es complicado encontrar una solución definitiva a un problema que va a más y que tiende a crecer cuanta más crisis económica existe. Aquí, no obstante, dejamos las dos opciones de los abogados consultados para este artículo.
"No se trata de castigar al 'okupa' con tres años de cárcel sino que en el código penal se castigue la usurpación de bienes inmuebles con una pena de 1 a 3 años de prisión precisamente para que nadie 'okupe' viviendas. Igual que se acabó con la plaga de tiron de bolsos en las capitales en los años 80. Se aumentó a 'robo con violencia' y ahora mismo es residual", explica Javier Prudencio Morillas.
Para Eduardo Gómez, no obstante, la "okupación" es un síntoma, no la enfermedad. "No estoy nada de acuerdo con que exista la 'okupación', porque ello denota que existe un problema grave de acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía. El objetivo de la sociedad ha de ser sin duda acabar con la 'okupación', pero nadie en su sano juicio puede pretender que se acabe con el problema 'realojando' en las calles, poblados chabolistas o en las cárceles, como proponen algunos partidos, a las personas que no pueden acceder a una vivienda. Si los alquileres fuesen asequibles o razonablemente proporcionales a los salarios, probablemente acabaríamos con el 90% de las 'okupaciones'", concluye.