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Cadena perpetua. Con estas dos palabras se sella el futuro inmediato de Daniel Sancho, hallado culpable de haber asesinado con premeditación al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El fallo, explica Jennifer Muñoz, abogada del equipo legal de Le Morne Brabant Abogados, es de extrema gravedad, no sólo porque le condena a pasar el resto de su vida en prisión, “sino porque lo hace en un sistema penitenciario severo”.
Las claves para la lectura de la sentencia, que aún no se conoce en profundidad, son para esta experta los diversos informes periciales y los actos previos realizados por el acusado, los cuales han podido acreditar la premeditación concurrente a la hora de realizar los hechos enjuiciados. Todo ello “pese al gran esfuerzo de la defensa, la cual prácticamente basó la misma precisamente en lograr desacreditar esta premeditación y por tanto hacer valer un homicidio imprudente, alegando la concurrencia de legítima defensa”.
Se cierra el caso, de momento, sin que haya aparecido una prueba vital en relación a los hechos acaecidos el 2 de agosto de 2023 en de isla tailandesa de Koh Phangan. Se trata del torso del fallecido, muy importante para saber si la víctima fue apuñalada o murió de un golpe accidental, como sostiene el propio Daniel Sancho.
En cualquier caso, sí han sido definitivas las imágenes, los testimonios y el resguardo del supermercado que acredita la compra de varios elementos posiblemente relacionados con el crimen, como son cuchillos de carnicería, bolsas de basura, cinta adhesiva y papel transparente.
"A seguir luchando", ha afirmado desde Tailandia Rodolfo Sancho, padre del fallecido. Las palabras del actor presuponen el recurso a la sentencia, que, según asegura Jennifer Muñoz, podría tardar un año en tramitarse y otros diez en considerarse, dado que este es el plazo que permite el sistema jurídico tailandés para las revisiones a la cadena perpetua.
El fallo echa por tierra las insinuaciones del abogado de la familia Arrieta en relación a posibles irregularidades en el caso, relacionadas con compra de voluntades. Un supuesto que, como explica la abogada, sería un delito, "ya que el sistema penal castiga a quien presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces. Si lo mismo fuere demostrado, la prueba practicada no resultaría válida, ya que la sentencia hubiere tenido en cuenta como elementos motivadores de la sentencia hechos, relatos, manifestaciones y testigos que no se corresponden con la realidad de los hechos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de juzgar a una persona".
Si, además, las supuestas voluntades compradas hubieran sido determinantes a la hora de mejorar el sentido de la condena para el acusado, el hecho podría suponer un incremento de la condena para el acusado. Todo ello, siempre en base a las declaraciones del abogado de los Arrieta, podría sentar en el banquillo “tanto a quien presenta estos testigos o voluntades compradas como a quien falsea la realidad para ayudar a quien se lo ha propuesto”.
En cuanto a los 107.000 euros de indemnización fijada por los jueces del país asiático, la experta la ve "poco razonable". La abogada destaca que no se ha sido tenido en cuenta la solvencia del acusado y las condiciones en que queda la familia de la víctima, que no solo ha perdido a un ser querido, sino además su fuente única de ingresos.