Pertenecer a la Unión Europea puede tener grandes ventajas, pero también obliga a España a ceñirse a aquello que se aprueba en el Parlamento Europeo y que afecta a los diferentes organismos estatales. Entre todo ello, muchas cuestiones relacionadas con la conducción en las que la Dirección General de Tráfico (DGT) debe amoldarse a las directrices que llegan desde Bruselas. En la actualidad la UE está analizando la mejor forma para que las reglas de tráfico sean uniformes en todos los territorios miembros, lo que provocaría cambios en la legislación española, incluido en el carnet de conducir.
Un reglamento que acuerde la regulación de todos los conductores de la UE mejoraría la seguridad en las carreteras al tener todos los mismos estándares y evaluaciones. Para empezar a construir esta senda, el Parlamento Europeo ha hecho la propuesta de extender la vigencia de los permisos de conducir en todos los países miembros.
Esta propuesta no hay caído del todo bien a la DGT, ya que consideran que no casa con la responsabilidad que quieren transmitir desde Tráfico, que ven en la renovación del carnet un punto clave en la seguridad de las carreteras.
Según su punto de vista, si se renueva con frecuencia el permiso de conducir, y por tanto se somete a controles médicos con una mayor frecuencia, será más fácil detectar cualquier problema en los conductores que pueda poner en peligro su seguridad y la del resto de los usuarios de las vías. No solo eso, también consideran que perderían un gran volumen de ingresos en la recaudación de las tasas por renovación.
La propuesta de la Comisión Europea que se votó favorablemente a comienzos de 2024 es la de extender su vigencia cinco años. En el caso de España, donde se renueva cada 10 años, pasaría a tener una validez de 15 años de duración. No obstante, aquí entrarían los permisos de turismos, motos y maquinaria agrícola, mientras que conductores profesionales o de transporte pesado de mercancías queda como hasta ahora.
También proponen que los mayores de 65 años tengan la vigencia que tenían hasta ahora y que no se reduzca a cinco años, propuesta de la DGT para vigilar más de cerca a esta generación, con lo que Europa quiere evitar la discriminación y garantizar el derecho de este segmento de la población a la libertad de movimiento.