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Siempre en busca de evitar accidentes y garantizar la seguridad de los conductores y sus acompañantes, la Ley sobre Tráfico y el Reglamento General de Circulación español impone una serie de sanciones económicas concretas cuando se comete una infracción al volante, al igual que la detracción de puntos o la renovación del carné cada cierto tiempo.
En otros países el funcionamiento es distinto ya que se aplican las multas progresivas. En Uppers hemos consultado qué son las multas progresivas, dónde se aplican y si está previsto que en nuestro país haya cambios en esta dirección.
La base de las multas progresivas está en que las sanciones económicas se establecen en función de los ingresos y las rentas de aquel que ha cometido la infracción. De este modo, cuanto más gana o mayor poder adquisitivo tiene el infractor, más paga.
Este sistema se estableció a principios del siglo pasado en ciertos países, prácticamente a la par que la popularización de los vehículos por las calles de las ciudades. Así, en Reino Unido, en Suiza, en Dinamarca, en Suecia y en Finlandia los conductores están sujetos a las multas progresivas.
En nuestro país no se aplican las mismas premisas donde las multas varíen en relación con las ganancias de los infractores. La norma dicta que son proporcionales, lo que significa que ante mayor gravedad de la infracción más elevada es la cuantía económica y mayor es el número de puntos que se retraen del carné.
Según declaraciones de los responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT) el sistema en España es progresivo y se basa en el carné por puntos como un elemento de equilibrio legal. La DGT tampoco cree necesario llevar a cabo un cambio de este tipo. Además habría que resolver la ralentización administrativa que conllevaría la aplicación de las multas progresivas, al igual que los posibles recursos de los infractores si considerasen injustas las sanciones.
De todos modos, en nuestro país se emplea un procedimiento parecido cuando en los casos en los que la infracción, debido a su gravedad, deja de ser administrativa para convertirse en penal. Un ejemplo, son las sanciones por traspasar los límites de velocidad de forma excesiva. Al final del proceso judicial el juez tiene la posibilidad de adaptar la multa valorando las circunstancias y la gravedad de la infracción, la reincidencia y los daños causados junto a sus ingresos y sus rentas.