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El nuevo impuesto de matriculación ha sido uno de los temas que más polémica ha despertado en lo que llevamos de año. Desde que el pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo ciclo de homologación WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), un protocolo para determinar las emisiones y el consumo de los coches que sustituía al antiguo NEDC (New European Driving Cycle), la industria automovilística se ha mostrado sumamente crítica con la nueva tasa, al considerar que su aplicación haría disminuir las ventas de los vehículos en un contexto económico extremadamente frágil por culpa de la pandemia del coronavirus.
En un principio, la normativa WLTP, que ya había sido aprobada en 2018 y cuya entrada en vigor había sido pospuesta mediante una moratoria del Ministerio de Industria que concluyó el pasado 31 de diciembre, trajo consigo importantes novedades para el impuesto de matriculación, es decir, para el impuesto que grava las primeras matriculaciones de vehículos en nuestro país basándose en las emisiones contaminantes que generan.
Al ser un reglamento mucho más restrictivo que el anterior sistema NEDC, el baremo por el que se mide este impacto contaminante se endureció, cambiando los tipos impositivos del gravamen y encareciendo, en última instancia, el precio de adquisición de un nuevo automóvil.
En concreto, se estableció que los tramos del impuesto serían los siguientes: un 0% para aquellos con emisiones iguales o inferiores a 120 gr/km de CO2; un 4,75% para los que emitiesen entre 121 y 159 g/km de CO2; un 9,75% para los modelos con emisiones de entre 160 gr/km CO2 y 200 gr/km de CO2; y, finalmente, un 14,75% para quienes tuvieran unas emisiones iguales o superiores a 200 g/km de CO2.
Esta modificación provocó que muchos de los vehículos que hasta entonces estaban excluidos del gravamen tuvieran que empezar a pagar, y que aquellos que tenían una tasa concreta se vieran obligados a abonar un porcentaje superior. Como resultado, el precio de adquirir un nuevo vehículo aumentó un 5%, con su consecuente efecto sobre las ventas, que se mantuvieron alejadas de los registros de la época pre-pandémica.
Ante esta situación, el pasado mes de mayo la oposición, liderada por el PDeCAT, aprobó una enmienda en el Congreso que paralizó la subida que se llevaba aplicando desde principios de año. El PSOE, que votó en contra de la paralización del impuesto junto con Unidas Podemos, llevó al Senado otra enmienda para echar por tierra el cambio y volver a aplicar las nuevas tasas, pero finalmente, tras tantas idas y venidas, ambas partes han alcanzado un acuerdo para congelar la subida.
Al menos, de momento. Con 161 votos a favor, uno en contra y 100 abstenciones, el Senado aprobó en junio la paralización del nuevo impuesto de matriculación hasta 2022.
Esta medida, que empezó a aplicarse el pasado 2 de julio, no elimina el nuevo impuesto, sino que limita sus efectos hasta el próximo 31 de diciembre. De igual manera, tampoco se abandonan las mediciones WLTP, que seguirán vigentes en nuestro país, tal y como dicta la normativa europea.
Lo que sí cambia son los tramos impositivos, que se han ajustado para evitar que se pague más. Así, en lugar de los porcentajes que entraron en vigor a principios de año, hasta 2022 se aplicarán los siguientes parámetros: exentos para los que emitan menos de 144 gr/km de CO2; 4,75% para los que emitan desde 144 gr/km a 192; 9,75% para los modelos con emisiones de entre 192 gr/km y 240; y 14,75% para los que superen los 240 gr/km.
De este modo, la polémica que lleva atormentando al sector desde comienzos de año se soluciona, aunque solo de momento. Habrá que ver qué ocurre con la llegada del nuevo año.