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En España hay más de 1.300 radares, de los cuales 764 son fijos, 548 móviles y 80 de tramo. Además, en 2021 el número de cinemómetros aumentará con la llegada de 75 nuevos radares y 28 nuevos drones, lo que nos deja a las puertas de los 1.400 dispositivos de control de velocidad en nuestro territorio.
En una dudosa y criticable carrera para endurecer las normas de circulación, bajando el límite de velocidad en algunas vías y subiendo la cuantía de las multas por multitud de conceptos, la DGT sigue afilando sus garras recaudatorias y anuncia, para el año que entra, la adquisición de 75 nuevos radares de velocidad para aumentar los ingresos por multas a costa de los maltrechos bolsillos de los españoles.
Si el número de radares ya parece desproporcionado, no lo es menos la cantidad de esfuerzo empleado en disimular una parte de los mismos, no solo en coches camuflados, sino hasta en camiones, furgonetas y motocicletas de incógnito, con el único afán recaudatorio, que no disuasorio, como muchas veces nos han hecho creer.
Las cifras de 2020 fijo que son muy superiores a las de 2019, pero por ahora sólo tenemos las del año pasado, y éstas ya son para echarse las manos a la cabeza. Ni más ni menos que 386 millones de euros se recaudaron en multas en 2019. Más de 4,5 millones de sanciones de tráfico, un 10% más que el año anterior, lo que nos hace pensar que en este 2020 la recaudación pasará de los 425 millones de euros.
Pere Navarro, el director general de Tráfico, hizo unas declaraciones hace escasas fechas que levantaron ampollas en muchos sectores de la automoción, pues reconoció a cara descubierta que “La DGT es un organismo recaudador”. Llámalo lapsus, llámalo cruce de cables, pero se supone que la DGT está para organizar, velar por la seguridad, ayudar a que haya cada vez menos muertes en la carretera… y no para recaudar dinero de los bolsillos de los contribuyentes.
Las casi 13.000 multas diarias representan más de 525 cada hora. El importe medio de cada sanción es de 85 euros y la media por radar sale a más de 300.000 euros al año, aunque es cierto que por la situación de cada uno, alguno apenas multa, y otros se ponen las botas, recaudando auténticas millonadas. En el 68% de los casos los sancionados se acogen a la fórmula de pronto pago para ahorrarse unos eurillos.
La DGT, por medio del propio Pere Navarro, ha anunciado que dispone de un total de 216 cámaras de alta definición para controlar el uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil. En estas fechas se está estudiando la efectividad de las mismas y no se descarta, en absoluto, el incremento considerable de este tipo de dispositivos de control.
Que la DGT hable de número de radares y de millones de euros recaudados no deja indiferente a la totalidad de asociaciones y actores relativos a la automoción y a la circulación en nuestra red viaria, pues lo que debería ser más importante es la manera de optimizar recursos para rebajar lo máximo posible la terrible cifra de 1.755 muertos y más de 8.600 heridos graves por accidente de tráfico en vías interurbanas en 2019. Las de los núcleos urbanos, a menudo, ni aparecen en las estadísticas.
Eso, sí, se incrementan las partidas para ampliar la plantilla de agentes de la Guardia Civil de Tráfico en 108 efectivos y hasta un 60% más para reformar y mejorar los edificios de las agrupaciones locales y jefaturas provinciales de tráfico.
Pues eso…