Se acaban de publicar las tablas salariales 2022 de los trabajadores de las residencias y nadie, ni el director, llega a los 2.000 euros. Los sindicatos denuncian que las empresas no cumplen lo acordado, y los empresarios han llevado el conflicto al Tribunal Supremo, porque dicen que con estos salarios, van a la ruina.
Pilar Montolio lleva 23 años como auxiliar de geriatría, "somos quienes los levantamos, lavamos, afeitamos, cortamos uñas, limpiamos sus orinas y heces, vómitos, mocos, comida, babas... Somos las que les damos de comer, pelamos su fruta, ayudamos si se atragantan, hidratamos, observamos cualquier anomalía, movilizamos, hacemos sus cambios posturales, acostamos, colocamos protecciones... pero también quienes les hacemos bromas y les decimos palabras de cariño, porque cuando llega el relevo, quieres haber hecho todo lo posible para que su día haya sido bueno", explicaba Pilar en una carta abierta enviada a los medios desde la Plataforma por la Dignidad de la Geriatría, de la que es portavoz.
Los gerocultores son los profesionales que atienden más directamente a los residentes, quienes pasan más tiempo con ellos y se encargan de sus atenciones más íntimas, un trabajo duro, exigente física y mentalmente por el que deberían cobrar 1.062 euros al mes en 2022, pero que en muchas ocasiones no lo cobran.
El convenio de los trabajadores de residencias vigente en la actualidad es de 2019. Desde entonces patronal y sindicatos no se han puesto de acuerdo en firmar uno nuevo, y esto genera problemas e indefensión en los trabajadores.
Este convenio estipula que los salarios deben subir conforme al IPC, pero hasta marzo de 2021 el IPC fue negativo, y las negociaciones del nuevo convenio están en punto muerto, por lo que en la práctica los salarios prácticamente no han subido desde 2019.
Ahora la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha tomado cartas en el asunto y ha decidido publicar las que considera deben ser tablas salariales vigentes en 2022. También ha remitido las tablas a la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En teoría ahora los empresarios deberán acatar la decisión de los tribunales y subir los salarios conforme al IPC real de año 2021, esto es en un 6,5% con efectos desde el 1 de enero de 2022.
Si finalmente el Tribunal Supremo ratifica la decisión de la Audiencia Nacional, los salarios subirían un 6,5%, pero es que incluso si esto se plasma, los sueldos seguirán siendo insuficientes, y los trabajadores seguirán escapando de las residencias a la sanidad en cuanto puedan, porque el cuidado en las residencias está mal pagado.
Con las nuevas tablas, en 2022 los ayudantes y personal no cualificado cobrarían 962 euros al mes. Una gerocultora (la mayoría son mujeres), un cocinero o los conductores que transportan a los residentes, cobrarán 1.062 euros. Los animadores 1.080 euros; los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales deberían cobrar 1.332 euros. Los enfermeros, 1.435 euros, un médico, 1.640 euros, y el lo más alto están los directores y gerentes de las residencias, que cobrarían 1.925 euros al mes.
Pese a que ningún sueldo supera los 2.000 euros al mes, no todas las patronales se muestran partidarias de aceptar los nuevos salarios sin más. La Federación Española de la Dependencia, FED, ha decidido presentar un recurso de reposición al auto, y su secretario general, Alberto Echevarría, ya ha manifestado que “Es un disparo contra la línea de flotación de la viabilidad de las empresas... van a cerrar empresas porque no van a poder asumir esos costes... hace que el sector se vuelva inviable”.
Lares, que agrupa a las residencias religiosas, tampoco está de acuerdo con la sentencia pero "por cuestiones de responsabilidad social" han aceptado el contenido de la misma. Por lo tanto, "el incremento salarial del 6,5% debe ser pagado a todas las personas trabajadoras", indican desde la federación.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que aglutina a los grandes grupos, señala que "la mayoría de las empresas asociadas a esta patronal ya están abonando estos salarios y el resto lo hará en el momento en el que se publiquen las tablas".
Por su parte, desde otra de las patronales, CEAPs, recuerdan que "lo que hasta el momento hay es que el auto de la Audiencia Nacional en la que ordena la ejecución provisional de la sentencia que dictó en su día, enviando las tablas que fueron aportadas por los sindicatos a la Audiencia a la Dirección General de Empleo para su publicación. Ahora corresponde a esa Dirección General tomar una decisión", puntualizan.
CCOO recuerda que el sector lleva desde 2019 sin actualización salarial, ya que para proceder a la misma es necesario que el crecimiento anual del PIB sea superior al 2% para aplicar el IPC real del año anterior. Y añade en un comunicado: "Este sindicato denuncia que las patronales no han tenido reparo alguno durante dos años en mantener los salarios congelados, pero una vez pasada la pandemia y con el PIB al alza, deciden que en 2022 las trabajadoras del sector tampoco merecían tanto como para subir sus salarios acordes al convenio. Parece que las normas que sirven para congelar no sirven para descongelar y en el proceso se han evaporado las prioridades del sector: subidas salariales y condiciones de trabajo que garanticen una atención de calidad en residencias, ayuda a domicilio, centros de día, de noche y la atención por teleasistencia".
Pilar Montolio, la portavoz de la Plataforma por la dignidad en la Geriatría, no habla en su carta abierta de los salarios bajos, pero sí se muestra "cansada de turnos horribles, de no cubrir bajas, de ser una o uno menos, de ver cómo pierdo compañeras y grandes profesionales, cansados de aguantar, y muy cansada de que me queme mi profesión. Porque es estupenda, la elegí hace muchos años y espero no morirme sin intentar que por lo menos sea una décima parte de lo que mis sueños me llevaron a desear".
Mientras se llega a un acuerdo, los trabajadores de las residencias, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos, enfermeras, etcétera, siguen inmersos en una lucha por conseguir salarios y condiciones dignas para quienes trabajan a diario con una materia tan sensible como son las personas dependientes.