En Reino Unido, las cifras de empleo no pintan mal. En septiembre de este año, la tasa de desempleo había disminuido al 4,1% en el último trimestre, una décima mes que el trirmestre anterior, según informó la Oficina Nacional de Estadística.
Durante el mismo periodo, la tasa de empleo aumentó al 74,8%. Por su parte, el número estimado de vacantes fue de 857.000, una disminución de 42.000 respecto al periodo anterior, y los ingresos de los trabajadores, excluyendo bonificaciones, crecieron un 5,1%. Por tanto, el escenario no es malo, pero las autoridades han decidido plantar cara al desempleo con una propuesta inédita.
El Gobierno inglés estudia administrar inyecciones adelgazantes a personas desempleadas que tengan sobrepeso para estudiar su impacto en el mercado de trabajo. La idea se ha recibido de manera ambigua. Mientras que para el primer ministro, Keir Starmer, podría ser muy beneficiosa, para otras partes del espectro social es polémica porque la empleabilidad no depende del peso, sino de las competencias personales y profesionales de cada candidato.
La propuesta llega tras el acuerdo suscrito entre la farmacéutica Eli Lilly -fabricante de Mounjaro, uno de los fármacos para perder peso-, y las autoridades de Manchester para realizar un estudio a cinco años que dé cuenta del impacto de estos tratamientos en la situación laboral de las personas.
"Pensar de forma diferente" es el mantra esgrimido por el gobierno para que la propuesta sea bien acogida en la población. En un reciente artículo en The Telegraph, Wes Streeting, ministro de Sanidad, explica que para reducir la presión sobre el sistema nacional de salud inglés (NHS) es necesario que la población, simple y llanamente, adelgace. "Nuestros cinturones cada vez más anchos también están imponiendo una carga significativa a nuestro servicio de salud, costando 11.000 millones de libras (13.090 millones de euros) al año, incluso más que fumar. Los beneficios a largo plazo de estos medicamentos podrían ser monumentales en nuestro enfoque para abordar la obesidad", explica en su artículo.
La última encuesta sobre salud realizada en 2022 por el NHS mostraba que el 29% de los adultos en Inglaterra eran obesos y el 64% tenía sobrepeso. Según sostiene el ejecutivo, el medicamento ayudaría a bajar de peso y, con ese cambio, muchos de esos desempleados podrín reincoporarse al mercado laboral, de manera que los ingresos fiscales aumentarían y se destinaría menos presupuesto a bajas médicas.
Quienes se oponen a esta medida señalan que, aunque el objetivo no es malo, se corre el riesgo de discriminar a las personas con obesidad. Por otra parte, el éxito laboral no depende del peso, sino de que los candidatos dispongan de la experiencia, la formación y las competencias adecuadas.
Además, la medida no se dirige al problema real, que es definir las variables que se necesitan hoy para acceder al mercado laboral. Aunque las razones que llevan a elegir a un candidato sobre otro son siempre subjetivas y depende de cada empleador, priorizar el peso sobre cualquier otra variable es cuestionable. ¿Dónde se pondría el límite? ¿Habrá básculas en las entrevistas de selección de personal?
Desde el punto de vista médico, la medida también suscita polémica. Los medicamentos como Mounjaro deben pautarse de por vida para evitar el efecto rebote y tienen efectos secundarios. Por ello, sería aconsejable limitar en qué casos son necesarios. No es lo mismo una obesidad que puede controlarse con una dieta y un estilo de vida adecuados que alguien con una obesidad mórbida.
En los caso extremos, financiar un tratamiento que cuesta en España entre 250 y 360 euros puede ser bueno tanto para la salud del paciente como para sus circunstancias vitales. Sin embargo, esos casos siempre están financiados por la sanidad pública y van a seguir existiendo, como siguen existiendo las prescripciones de insulina o de anticoagulantes.
En pacientes menos graves, ¿financiará el gobierno británico las inyecciones adelgazantes? Hacerlo a cinco años, tendría un coste importante. Eso es posiblemente lo que está valorando el ejecutivo británico: si compensa la financiación a gran escala de estos tratamientos respecto a lo que supone dejar de ingresar impuestos, asumir bajas, pagar subsidios y financiar otros tratamientos médicos. De telón de fondo, hay otro debate anterior o aún más importante. En una sociedad cada vez más envejecida y con un previsible aumento del gasto médico, ¿no es momento de apostar de verdad por la médicina preventiva desde la sanidad pública?