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Nueva York ha puesto coto a los pisos turísticos. La entrada en vigor de la Ley Local 18 supone en la práctica el fin de los alquileres de corta duración de la plataforma de uso compartido de viviendas AirBnb. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz analiza cómo ha regulado el fenómeno la Gran Manzana y cómo lo están haciendo otros países europeos, poniendo el foco en España y en las consecuencias que tiene en las zonas con mayor concentración de alquileres vacacionales.
Nueva York pasa por ser el infierno inmobiliario por excelencia. Los alquileres rondan los 3.500 euros al mes y los espacios están en torno a los 40 metros cuadrados. Una realidad que nada que ver con las ficciones que vemos en 'Friends' o 'Sexo en Nueva York'. Los precios de la vivienda han subido un 60% en los últimos cinco años, motivo por el que la ciudad se ha plantado.
Con la nueva normativa, los propietarios tendrán que compartir el apartamento con los inquilinos, las estancias de estos no podrán exceder los 30 días y tanto el dueño como el alquilador tendrán que estar inscritos en un registro del Ayuntamiento. ¿El resultado? En las primeras 24 horas de entrada en vigor de la ley 10.000 apartamentos de AirBnb han desaparecido del mercado. De un plumazo, Nueva York acaba con la idea de ciudad sin ley que sintetiza en sí misma el liberalismo inmobiliario e interviene los precios.
El caso de Nueva York expone perfectamente las tres consecuencias que provoca el efecto Airbnb: ha calentado los precios del alquiler, ha echado a los vecinos que tenían las viviendas en las zonas centrales de Manhattan y ha alentado un turismo barato muy intensivo, de ahorrar cada dólar, que no le viene bien a la ciudad.
El mismo fenómeno se repite por todo el mundo. En España se está notando en las zonas en las que hay más apartamentos a corto plazo. Lo que antes eran un alquiler de 1.500 euros al mes ahora se ha convertido en uno de 4.000. El 85% del AirBnb en nuestro país está concentrado en las zonas costeras. Las islas (el 22%), Málaga (12%) y Alicante (11%) y ha puesto los alquileres al rojo vivo. Hay un calentón de precios disparatado en las zonas de turismo vacacional. Los destinos turísticos se terminan convirtiendo en sitios que expulsan a la población local. Es cierto que el AirBnb puede beneficiar a algunos consumidores, pero perjudica a muchísimos vecinos.
Básicamente hay tres formas de encarar el problema. La primera es la prohibición total de AirBnb. Berlín tomó ese camino, pero tuvo que echar marcha atrás y permitirlo después, aunque con restricciones importantes. Lo mismo que Portugal.
Una segunda opción es la de poner límites más o menos duros. Nueva York se inscribe en este grupo, pero también Francia, donde hay una obligación de registrar la licencia y una limitación de 120 días. O Ámsterdam, que también obliga a que el dueño esté siempre presente y limita a 30 noches.
El tercer modelo es el que adopta España, el de los países rezagados, mal regulados o sin ninguna regulación. En nuestro país se ha aprobado recientemente una Ley de Vivienda que lo único que no regula es precisamente el Airbnb. ¿Por qué? Por falta de valor, o exceso de lobby. La realidad es que cada ciudad termina teniendo unas normas diferentes y, por lo general, impera un desorden absoluto. Una especie de 'sálvese quien pueda' incomprensible porque es evidente que este fenómeno requiere una regulación.
Aunque hay más plataformas y muchas empresas domésticas dedicadas al alquiler turístico, está claro que el modelo lo marca AirBnb, que es quien fija precios, impone condiciones y establece estándares en la materia. Para saber más sobre el fenómeno del alquiler vacacional, puedes ver el vídeo con la charla completa con Javier Ruiz.