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El próximo 2023 entrará en vigor una nueva rama de la Ley del Cambio Climático, una normativa creada para avanzar en la descarbonización del país de cara a 2050 y garantizar la transición hacia un modelo de economía circular con el que luchar contra el cambio climático.
De cara al próximo año, esta norma, que fue aprobada en mayo de 2021, traerá importantes cambios para la movilidad urbana de nuestro país, ya que implementará nuevas regulaciones para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos.
En concreto, de cara a 2023, la Ley de Cambio Climático obligará a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes a implementar medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones contaminantes derivadas de la movilidad y a establecer zonas de baja emisiones (ZNE), unas áreas en las que el acceso y circulación de los vehículos más contaminantes está restringido para mejorar la calidad del aire y que ya se pueden ver en ciudades como Madrid o Barcelona.
Esta medida afectará, como mínimo, a 149 localidades de nuestro país, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao. Junto a ella, además, la nueva regulación también establece que aquellos municipios con una población superior a los 20.000 residentes deberán aplicar estas zonas cuando superen los valores contaminantes regulados.
Estas nuevas regulaciones afectarán a un gran número de vehículos y ciudadanos. Y es que según los cálculos de MSI para Sumauto, actualmente un 75% de los coches que circulan por estas ciudades son contaminantes, lo que implica que, de cara a 2023, tan solo uno de cada cuatro automóviles podrá circular con completa libertad por estas urbes.
Las Zonas de Bajas Emisiones no son la única medida que podrían implementar estas ciudades para reducir las emisiones contaminantes de sus vehículos. Al contrario, la Ley de Cambio Climático también contempla la posibilidad de que estas urbes instauren peajes urbanos para controlar el tráfico en sus carreteras.
Así lo dejó caer el pasado mes de mayo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que declaró que “se prevé la posibilidad de que se establezcan tasas por parte de los ayuntamientos para cobrar por la circulación en las zonas de bajas emisiones”.
Estos peajes, que ya se están aplicando en algunas ciudades de Europa como Oslo, Londrés, Milán, Gotemburgo o Estocolmo, entre otras, obligarían a los conductores a pagar una tasa por circular en las zonas de bajas emisiones. En concreto, la norma establece que los municipios estarán legalmente habilitados para imponer “una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones”.
Esta medida, no obstante, no será obligatoria, sino que se ofrece como una posibilidad a la que podrán optar legalmente todas las ciudades que instauran zonas bajas de emisiones. Esto supone que, al menos, 149 municipios de nuestro país podrán instaurar estos peajes, si así lo desean. De momento, eso sí, solo Valencia y Barcelona parecen haber mostrado interés.