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La Ley de Segunda Oportunidad en España, concebida como un mecanismo de alivio para particulares y autónomos sobreendeudados, ofrece una vía legal para reestructurar o incluso cancelar la totalidad de las deudas bajo ciertas condiciones. Esta legislación, que podéis consultar directamente a través de este enlace, se fundamenta en la buena fe del deudor, busca proporcionar un nuevo comienzo financiero a quienes se enfrentan a situaciones de insolvencia insuperables.
Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es esencial que el solicitante cumpla con una serie de requisitos, destacando la necesidad de demostrar buena fe y una situación de insolvencia real, sin patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas. No es válido encontrarse en una simple situación de sobreendeudamiento.
El procedimiento inicia con la presentación de una solicitud de mediación ante un notario o registrador mercantil, estableciendo un mediador concursal que intentará, en primera instancia, un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Si este acuerdo no se logra, se procede a la vía judicial, donde se puede solicitar la exoneración de deudas, tras la liquidación de activos si fuera necesario.
Con las reformas más recientes de esta ley es posible acudir directamente al proceso judicial, mientras que antes era un paso obligatorio. El plazo de resolución es de 18 meses. Con las citadas reformas recientes de la Ley de Segunda Oportunidad pueden cancelarse hasta 10.000€ de deuda con Hacienda, y otros 10.000€ con la Seguridad Social.
Además el solicitante podrá escoger entre sacrificar su patrimonio y cancelar todas sus deudas o salvar su vivienda y asumir un plan de pagos para salgar las deudas que no se cancelen. Además se paralizan embargos y procesos de reclamación de deuda, y al finalizar el proceso se sale de los ficheros de morosos.
El coste de acogerse a esta ley puede variar entre 2.500 y 4.000 euros, dependiendo del profesional que se contrate para el proceso. La duración del procedimiento puede extenderse de 4 a 14 meses, dependiendo de si el acuerdo se logra de forma extrajudicial o si es necesario recurrir a la justicia.
Además de los requisitos de buena fe y la demostración de insolvencia, el deudor no debe haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra las administraciones públicas en los últimos diez años, no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas en los cuatro años anteriores a la solicitud, y no haberse acogido a esta ley en los últimos cinco años.
La Ley de Segunda Oportunidad se presenta como una herramienta valiosa para aquellos en situaciones financieras complicadas, permitiendo una salida digna y legal hacia la recuperación económica. Es recomendable consultar a un abogado especializado que pueda guiar al deudor a través del complejo proceso legal, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos y optimizando las posibilidades de éxito en la aplicación de la ley.