La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal y completamente válido que puede ayudar a una persona a cancelar hasta el 100% de las deudas que haya acumulado en caso de declararse insolvente.
Da la oportunidad de recuperarse de una situación compleja a particulares y autónomos para que puedan volver a comenzar sus negocios sin cargas financieras tras pasar por dificultades económicas. Esta herramienta nació con el nombre de Real Decreto Ley 1/2015 y se publicó en el BOE y está disponible para todas las personas físicas, desde particulares hasta trabajadores por cuenta ajena, desempleados, pensionistas, autónomos o empresarios.
Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es esencial que el solicitante cumpla con una serie de requisitos, entre los que destacan la necesidad de demostrar buena fe y una situación de insolvencia real, sin patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas. Tanto autónomos como trabajadores pueden acceder a sus beneficios, independientemente de su situación laboral.
No obstante, antes de comenzar con este procedimiento, es importante saber cuáles son las ventajas y desventajas de la Ley de Segunda Oportunidad.
Ventajas de la Ley de Segunda Oportunidad
Los intereses de las deudas no aumentan. En cuanto se inicia el proceso, los intereses de las deudas se detienen por completo, por lo que, independientemente del desenlace, la deuda dejará de crecer mientras dure el proceso. Por lo tanto, los negocios pueden seguir funcionando sin que aumenten las deudas.
Los embargos se paralizan. Los embargos sobre bienes se suspenderán desde el comienzo del procedimiento y hasta su completa resolución. Por lo que no habrá nuevos embargos en el patrimonio. La suspensión de embargos no implica su eliminación definitiva, sino que solo se quedan parados hasta la decisión judicial.
Los pagos a acreedores se suspenden. Hay que tener en cuenta que les permitirá continuar temporalmente su negocio sin empeorar su situación financiera.
La persona dejará de ser morosa. En caso de que se cancele la deuda, la persona afectada podrá salir de casi cualquier fichero de morosos.
No hay que perder la vivienda. No es necesario liquidar el patrimonio para acogerse a esta herramienta legal, por lo que es posible conservar la vivienda si se opta a un plan de pagos para cancelar las deudas de forma parcial
No hay límite de deudas. La reforma del 2022 eliminó también el límite de 5 millones de euros para las deudas, permitiendo que cualquier deudor acceda a esta herramienta.
Se pueden cancelar deudas públicas. Ahora se pueden cancelar hasta 10.000 € en deudas con Hacienda y otros 10.000 € con la Seguridad Social.
No es obligatorio intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Es posible acudir directamente a la fase judicial, lo que reduce tiempo y costes y elimina la necesidad de acreditar requisitos ante notarías o cámaras de comercio.
Desventajas de la Ley de Segunda Oportunidad
Múltiples acreedores. La ley obliga a tener varias deudas con distintos acreedores. No podrás acogerte a la ley de la Segunda Oportunidad si tienes una única deuda con un único acreedor, sin importar su magnitud.
Costes. Aunque no existe un umbral mínimo de deudas para acceder a su cancelación, generalmente iniciar este proceso no resultará ventajoso si estas son menores a 10.000€, pues los gastos asociados al proceso serán desproporcionadamente más altos en relación con deudas pequeñas, por lo que es posible que no valga la pena en tu caso.
Posibilidad de que no se cancelen todas las deudas. Aunque la mayoría son cancelables, existen excepciones a este mecanismo legal. Las deudas de pensiones alimenticias o de responsabilidad extracontractual no se podrán cancelar, así como las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda que superen los 10.000 €.
Revocación. Si algún acreedor lo solicita, el caso podría ser revisado en los 3 años siguientes a que el deudor se acoja a esta ley. Si se demuestra mala fe por parte del deudor o si su situación financiera cambia significativamente (por una herencia o por una suma considerable de dinero), el procedimiento podría ser revocado.
Restricciones en el patrimonio. Es posible que se imponga una limitación temporal al deudor para disponer de su patrimonio sin autorización judicial, restringiendo casi cualquier acto patrimonial.
Incompatible con ciertos delitos e infracciones administrativas. Para acogerse a esta ley, por supuesto, el deudor no puede haber cometido determinados delitos o infracciones administrativas durante un período concreto y estipulado.
Incompatible con el concurso culpable. Si el concurso ha sido declarado culpable, a menos que se deba al incumplimiento de solicitar oportunamente la declaración de concurso, la persona no podrá utilizar la ley.
Posibilidad de liquidar el patrimonio. El deudor podrá, si así lo desea, liquidar completamente su patrimonio para cancelar todas las deudas. Si no, deberá seguir un plan de pagos durante 3 o 5 años para cancelar parcialmente las deudas.
Inclusión de datos en el Registro Público Concursal. Los datos del deudor, junto con la resolución del plan de pagos o del concurso, se registrarán en el Registro Público Concursal. Toda la información estará disponible para consulta pública y será cancelada un mes después de finalizados sus efectos.