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El Banco Central Europeo (BCE) no ve con buenos ojos el impuesto especial a la banca que propone el Gobierno, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. El órgano supervisor cree que puede tener consecuencias negativas tanto para el sector financiero como para el crecimiento real de la economía, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de seguir adelante. ¿Quién terminará pagándolo?
La intención del Gobierno es que el impuesto recaiga sobre los márgenes del negocio financiero de la banca, es decir, sobre el diferencial entre lo que paga cada entidad y lo que percibe en intereses y comisiones. El tipo a aplicar sobre esta cantidad será del 4,8% y el umbral a partir del que se pretende que se aplique este supuesto es de 800 millones de euros.
El Ejecutivo espera recaudar con esta medida alrededor de 1.500 millones de euros anuales entre 2022 y 2023. Los bancos, por su parte, se han mostrado en contra alegando que su presión fiscal se dispararía a niveles peligrosos.
El BCE critica tanto la forma como el fondo del impuesto y pide un análisis más exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para evitar que dañe a la rentabilidad del sector y a la futura concesión de crédito.
Además la institución cree que este impuesto lo acabarían pagando los clientes de las entidades, algo que, por cierto, considera legítimo. De hecho, al BCE no le parece correcto que el tributo no permita a los bancos repercutir su coste a los clientes. A su juicio, esto "podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades".
Al respecto de este dictamen, el Ministerio de Asuntos Económicos subraya que "no tiene carácter vinculante" y que "el BCE no emite una opinión en contra del gravamen", sino que "hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar".
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indica que antes de poner en marcha la propuesta el Ejecutivo evaluó el margen de los bancos para poder abordar esta "prestación patrimonial" e insistió en el carácter temporal de dos años. Sobre la posibilidad de trasladar a los clientes los costes derivados de este incremento, la ministra recordó que el planteamiento del gravamen impide esta opción.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sí se abre a posibles cambios tras la voz del BCE, aunque insiste en que el Gobierno no quiere "que se repercuta en el cliente porque si no, finalmente, acabarían pagando otra vez los de siempre". "Nuestra posición es muy clara. Queremos que las grandes energéticas y financieras colaboren para sufragar el escudo social", ha añadido.
Sánchez ya anunció el verano pasado que el Ejecutivo prohibiría que la banca y las grandes eléctricas puedan trasladar los costes que les supondrán los nuevos impuestos extraordinarios a la clase media trabajadora. "Es momento de definirse, de decir si se está o no con la clase media trabajadora, con el reparto justo de los costes de la crisis, y ante estos impuestos, que existen en países avanzados con gobiernos conservadores, la derecha española ha anunciado su oposición, es verdad que no nos sorprende pero nosotros lo tenemos claro", dijo entonces.
Para ADICAE, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, el posicionamiento del BCE favorable al traslado a los consumidores del tributo constituye un "despropósito mayúsculo" y un "ataque directo" a los usuarios de la banca. A su juicio, "incitar" a que un impuesto que se aplica a una empresa se traslade a su clientela de forma "casi directa" supone "alterar el sentido del tributo y su sujeto pasivo".