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El Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas llegó como una de las medidas más polémicas del Gobierno en un momento de gran zozobra económica. La tasa a los ricos, que entró en vigor el pasado mes de enero, reclamaba un esfuerzo a los que más tienen para ayudar a las clases medias trabajadoras, con la promesa que solo afectaría a menos del 1% de la ciudadanía del país. El plan era recaudar con este nuevo tributo 1.500 millones de euros al año, pero finalmente se ha quedado en 623 millones, un 58% inferior a la proyección inicial. ¿Por qué ha 'pinchado' este impuesto a los grandes patrimonios?
La baja recaudación de este impuesto se explica por dos motivos: por una parte, un error en el diseño del texto que permitió a los grandes patrimonios de Madrid o Andalucía ahorrarse hasta el 80% de la tributación. Y por otra parte, algunas comunidades como Cataluña han subido el tipo de Patrimonio para recaudar ellas en vez de dejarle la diferencia entre Patrimonio y Grandes Fortunas a las arcas del Estado.
Según los datos del ministerio de Hacienda, se ha presentado la liquidación de 12.010 contribuyentes (el 0,1% del total) con patrimonios superiores a los tres millones de euros, abonando una cuota media de 52.000 euros. El Gobierno estimaba que contribuirían 23.000 personas. Casi la totalidad de los contribuyentes de esta figura fiscal residen en comunidades que han renunciado a recaudar el impuesto sobre el patrimonio, principalmente Madrid y Galicia. La suma de ambos impuestos ha supuesto una recaudación de 1.868 millones.
Sin embargo, hubo un error en el diseño que ha permitido que los contribuyentes residentes en comunidades que tienen total o parcialmente bonificado el Impuesto de Patrimonio, como Madrid o Andalucía, que lo bonifican al 100%, pudieran restarse lo que hubieran tenido que abonar de Patrimonio aunque realmente no lo pagaran. Así, si la suma de los impuestos pagados superaba en un 60% los ingresos del contribuyente, se reducirían en hasta un 80% la cuota a pagar por el impuesto a las grandes fortunas.
Pese a este fallo, que se produjo por las prisas y que Hacienda no pudo corregir, las comunidades que más han aportado a este nuevo tributo han sido Madrid, Andalucía y Galicia, además de los no residentes. Concretamente, el grueso de lo recaudado procede de los madrileños, que han aportado 555 millones de euros (casi el 90% del total), seguidos de los andaluces con 29,7 millones de euros y los gallegos, con 9,8 millones.
Ante estas cifras, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado un nuevo recurso ante la Audiencia Nacional por invasión de competencias y lesionar la seguridad jurídica y el principio de lealtad constitucional., que se suma al que ya interpuso ante el Constitucional.
Desde Hacienda señalan que "este impuesto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para implantar una fiscalidad del siglo XXI que permita modernizar el sistema tributario. Entre esos objetivos se encuentra avanzar hacia un sistema más redistributivo en el que aporte más quien más tiene, ya sean grandes patrimonios, multinacionales o sectores como la banca o las energéticas, que en la actualidad obtienen beneficios extraordinarios como consecuencia del aumento de los precios de la energía y el alza de los tipos de interés".