Los precios siguen sin dar tregua y el dato de la inflación de mayo, que se ha situado en el 8,7% interanual después de la leve contención del 8,3% de abril, vuelven a poner en el centro del debate la revalorización de las pensiones para 2023. Teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga como el parámetro que marca a cuánto pueden ascender las pagas, todo parece indicar que las pensiones podrían subir el 7% el año que viene, lo que significa que la pensión media de jubilación subirá a 1.350 euros al mes.
La previsión de IPC más conservadora sigue siendo la del Gobierno, para quien la inflación este año estará en el entorno del 6%, pero Funcas estima que la inflación superará el 7%, Banco de España pronostica un 7,5% y los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, de la Universidad de Valencia, apuntan al 7,2%. De cumplirse los pronósticos de aquí al mes de noviembre, si se aplicara la revalorización del 7% a las pensiones, las nuevas cuantías que cobrarían los actuales pensionistas desde enero de 2023 serían las siguientes:
El Banco de España ya pronosticó recientemente que esa actualización de las pensiones con la inflación al 7% tendría un coste de 12.600 millones para las cuentas públicas. El organismo supervisor afirma que cada punto de inflación supone 1.800 millones de más para pagar la nómina de las pensiones. Por su parte, la AIReF advierte de que la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC supone que cada punto adicional de inflación elevará el gasto en torno a 1.500 millones en 2023. Funcas lo fija en un gasto público adicional de más de 11.000 millones de euros.
El debate está servido y no son pocos los expertos, organismos e institutos de análisis que reclaman un pacto de rentas que incluya a los más de 10 millones de pensionistas y a la revalorización de sus pagas para hacer frente al empobrecimiento del país y a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, causados por la espiral inflacionista y la guerra en Ucrania.