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El mes de las flores ha sido también el mes de los toques de atención a España por las pensiones. Las cuentas no cuadran, y la reforma Escrivá recién estrenada ya se ha quedado marchita. De los tres avisos recibidos (OCDE, Banco de España y Bruselas), el que más preocupa es este último, ya que nos obliga a tomar medidas que pueden afectar a los pensionistas de hoy y a los de mañana.
¿Nos van a tocar las pensiones? ¿Qué cambios se sugieren? ¿Cuándo se harán? Ante tal avalancha de datos y alertas buscamos respuestas sosegadas a preguntas que rondan por las cabezas de muchos.
Tres importantes organismos reguladores de la economía han dado un toque de atención a España por el elevado y creciente gasto en pensiones. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en sus últimas perspectivas económicas para España alerta de que “la relación deuda pública/PIB es alta y el gasto está fuertemente inclinado hacia las pensiones, en detrimento de los elementos que mejoran el crecimiento, y el gasto relacionado con el envejecimiento aumentará”.
Por su parte, el Banco de España, en su Informe Anual, asegura que “será necesario evaluar de manera continua y rigurosa la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, toda vez que el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en el mismo desde 2021 apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos”.
Por último, Bruselas, en su Informe sobre Envejecimiento 2024 (Ageing Report 2024) alerta de que “el gasto en pensiones subirá hasta el 17,3% sobre PIB en 2050, y que el gasto promedio será del 15%”. Este aviso sí es importante, ya que el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, a que el gasto promedio en pensiones en 2022-2050 no superaría el 14% del PIB. Y si esto ocurría, habría que tomar medidas a partir de 2025. Medidas que disminuyan el gasto, esto es, recortes, o que aumenten los ingresos, más impuestos o más trabajo para cobrar lo mismo.
¿Por qué en 2025? Porque el acuerdo contemplaba que una entidad española, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) debía presentar sus cálculos y contrastarlos con los de Bruselas.
En caso de que la AIReF coincida con Bruselas y encuentre que hay un desequilibrio entre ingresos y gastos, el Gobierno deberá plantear una serie de medidas a los agentes sociales y hacer una propuesta al Pacto de Toledo, ya sea de incremento de ingresos, ya sea de reducción de gasto o una combinación de ambos.
El Gobierno deberá enviar un proyecto de ley en 2025 a las Cortes y, en caso de no ser aprobado, la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional aumentará linealmente durante cinco años para compensar el exceso estimado por la AIReF. Es decir, si no hay otras medidas, se subirán de forma muy considerable las cotizaciones a la Seguridad Social.
¿Se puede subir el MEI tanto como para compensar la desviación? El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una subida de impuestos. Actualmente se aumentan las cotizaciones a la Seguridad Social un 0,6%. El 0,5% lo paga la empresa y el 0,1% el trabajador, y lo recaudado va a la hucha de las pensiones. Por este método se han recaudado ya 6.000 millones de euros y el Gobierno estima que se llegará a los 25.000 millones al final de la legislatura.
Lo que pasa es que una sola paga de pensiones supera ya los 12.000 millones de euros. Aunque es muy probable que aumenten de nuevo las cotizaciones por este mecanismo, no será suficiente para compensar el aumento de gasto y serán necesarias más medidas. Subiendo solo el MEI, no llega.
El Banco de España ya ha avisado de que realizar un ajuste en el gasto de pensiones exclusivamente mediante un incremento de las cotizaciones “podría ser perjudicial para el empleo y para la competitividad de la economía española”. Entonces, ¿qué más cosas se pueden hacer?
Una de las opciones que están sobre la mesa del diálogo social es la de mejorar las condiciones para compatibilizar el trabajo con el cobro de una pensión. Ahora se puede trabajar y cobrar hasta el 50% de la pensión en ciertas condiciones. La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone la obligatoriedad de alargar durante un año la vida laboral, que actualmente se sitúa en los 67 años o en los 65, para aquellas personas trabajadoras que acrediten 38 años y seis meses de cotización.
A partir de ese primer año, quien se acoja a esta forma de jubilación comenzará a compatibilizar la nómina con una parte de su pensión: tras un año de demora, sería el 30%; al segundo, el 40%; con tres años, el 50%; al cuarto, el 75%; y a partir del quinto, se cobraría el 100%. Así, un trabajador que tenga que jubilarse a los 67 años, tendría que trabajar hasta los 73 para compatibilizar su salario con el 100% de la pensión que le correspondería.
Una medida sugerida por el gobernador Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es la de reducir la tasa de reemplazo de las pensiones, que es el porcentaje del salario que una persona recibe como pensión de jubilación respecto a sus ingresos previos como trabajador en activo “pues son superiores a las de la media de los países del entorno español”, asegura el gobernador.
El Ageing Report estima una caída de la tasa de reemplazo de -4,1 puntos porcentuales entre 2022 y 2070, debido a un mayor crecimiento de los salarios que las pensiones.
Los sindicatos siempre se han mostrado contrarios a esta medida, pues argumentan que los salarios en Europa son más elevados y sus sistemas de pensiones se complementan con ahorro privado, cosa que no ocurre en España, en la gran mayoría de los casos.
Ligar la subida de las pensiones al IPC es una de las medidas que más contribuye a aumentar el gasto. Es muy poco probable que el actual Gobierno retire la medida, salvo catástrofe económica. Tampoco es probable que se vuelva a poner en marcha el factor de sostenibilidad, un mecanismo de cálculo que vinculaba la pensión a la esperanza de vida y a la salud financiera del sistema, y que obligaba en la práctica a bajar las pensiones considerablemente. Esta medida fue la causante de las multitudinarias manifestaciones en defensa de las pensiones de 2018.
Los cambios en las penalizaciones por jubilarse antes de tiempo están dando buenos resultados. El Gobierno no contempla modificar los coeficientes reductores para aquellos que se jubilan antes de tiempo, porque aún no ha dado tiempo para ver los resultados de esta medida en profundidad.
Lo que sí se plantea es ampliar los beneficios de la jubilación demorada. Esta medida sí está funcionando bien. Actualmente se puede mejorar la pensión hasta en un 4% por año trabajado de más. Según el Gobierno, un 10% de las nuevas altas de jubilación ya son jubilaciones demoradas, más del doble que antes de la reforma de pensiones.
La AIReF debe presentar su informe en 2025, y en caso de que sus datos coincidan con los de Bruselas y sean necesarias reformas, el Gobierno tiene hasta finales de año para consensuar medidas en el Pacto de Toledo y presentarlas en las Cortes. La tramitación parlamentaria puede llevar seis meses como mínimo, con lo que las nuevas medidas, si las hubiere, no podrán entrar en vigor hasta mediados de 2026.