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Estas son las dos medidas que van a empeorar tú futura pensión sí o sí: la modificación del periodo de cálculo, y el factor de equidad intergeneracional. ¿Cómo? El ministro no lo dice, pero hemos acudido a dos de los mayores expertos en pensiones del país, Jose Antonio Herce y Enrique Devesa, para que nos digan cómo nos van a afectar estos cambios.
El componente 30 del El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas desgrana las medidas que se van a acometer para sanear las cuentas deficitarias del sistema de pensiones y capear el temporal que se nos viene encima con la jubilación de los boomers.
De las propuestas presentadas, dos son las que más pueden modificar la cuantía de nuestra pensión futura: uno, ampliar el periodo de cálculo, es decir los años cotizados necesarios para cobrar el 100%; y dos, la puesta en marcha de un factor de equidad intergeneracional, una fórmula que impida que el gasto crezca indefinidamente. Estas dos medidas pueden modificar sustancialmente las cuentas del sistema y contentar a Europa, a la vez que contrarrestarían el fuerte incremento sostenido de gasto que supone fijar el aumento de las pensiones al IPC.
Lo malo es que implican una merma de las pensiones actuales, aunque el Gobierno se cuide muy mucho de decirlo. Los sindicatos han acogido con mucho recelo ambas medidas, y Escrivá consciente de ello, las ha dejado para el 2023. "No puedo proporcionar detalles" ha dicho el ministro, "hay reformas que están en una etapa más temprana de diseño, el grado de concreción que puedo dar es limitado", ha reconocido en rueda de prensa.
Aunque el ministro no lo diga, se va a ampliar el número de años cotizados para calcular la pensión. En la reforma de 2011 se amplió el periodo de cálculo para percibir el 100%, de los últimos 15 a los últimos 25 años, que son los que se tendrán en cuenta en 2022, cuando se acabe de implementar la medida. Escrivá planteaba subir a 35 los años de cotización contemplados, pero reculó ante la oposición de los sindicatos.
Ahora Escrivá da largas al asunto: "Tenemos que ver, los análisis no están todavía disponibles, hay que mirar muchas carreras laborales, muchos datos de la Seguridad Social, pero tenemos en la cabeza el eliminar los peores años de cotización como un elemento a considerar muy seriamente en el diseño de esta medida", ha explicado el ministro.
Para el economista y presidente del Consejo de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, Jose Antonio Herce, "si se aumenta el periodo de cálculo, habrá algunos que ganen, porque recuperarán buenos años de cotización, pero la inmensa mayoría va a recuperar peores bases y saldrán perdiendo. Por eso se han resistido a ampliar a secas el periodo de cotización, porque los sindicatos saben que las pensiones de la mayoría bajarían, aunque el sistema sería más "financiable", explica el economista.
Herce no ve claro lo de eliminar los peores años de cotización. "Si se combina ampliar y escoger, es el peor de los mundos. Para eso sería mejor quedarse en los 25 años actuales. Si sólo amplías el periodo de cálculo, perfecto, porque el sistema va a ser más estable, a costa de que muchas pensiones disminuyan algo. Pero si amplías y dejas elegir, todo el mundo va a elegir, y puede que nos llevemos alguna desagradable sorpresa", afirma Herce.
Enrique Devesa es doctor en Economía y dirige el grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia. Devesa ha estudiado los efectos de ampliar el periodo de cálculo y concluye que "ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo disminuye la pensión en un 8,5% de promedio, pero si coges los 25 mejores, aumentaría tu pensión y el sistema se resentiría".
La otra medida que va a recortar nuestras futuras pensiones es la del factor de equidad intergeneracional. Se trata de un mecanismo para evitar que el gasto en pensiones se desboque. Es otro quebradero de cabeza para Escrivá, que ha tenido que incluirlo en la propuesta para contentar a la Comisión Europea, pero que está lejos de concretar. Según este mecanismo, se modificaría la pensión en función de factores como la esperanza de vida, la evolución del gasto agregado o la proporción entre trabajadores y pensionistas. Aún no se han definido estos factores.
El gasto agregado en pensiones va a subir considerablemente en las próximas décadas, así como la proporción de jubilados por cada trabajador, con lo que es fácil prever que el factor de equidad supondrá una merma de las pensiones.
Enrique Devesa formaba parte del comité de expertos que diseñó el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Esta medida fue bien acogida por Bruselas, pero los jubilados se echaron a las calles contra la reforma y nunca se ha implementado. "El factor de sostenibilidad de 2013 suponía a los 10 años un 4% menos de pensión, que se podría compensar trabajando más años. Ahora también habrá una merma que se puede disfrazar, por ejemplo si el factor te obliga a jubilarte más tarde, eso es pagarte menos" afirma el profesor quien asegura que "Bruselas va a pedir las cuentas, porque no hay nada cuantificado, todo es filosofía".
Para Herce "habría que hacer un mecanismo simétrico, es decir, si se contempla la esperanza de vida y ésta baja, habría que ajustar ese factor para que las pensiones suban, ya que se van a cobrar durante menos años. Eso sería lo justo. Pero la simetría exige que si la esperanza de vida sube, tu pensión baje, ya que la vas a cobrar más años. De lo contrario la masa de pensiones que recibes crece desproporcionadamente", explica, y puntualiza "además, la masa total que recibes en tu vida de jubilado no disminuye, lo que pasa que se reparte en el tiempo".
Herce se muestra crítico ante la pregunta sobre la falta de concreción de las propuestas "a lo mejor tienen un laboratorio de magia que los demás países no han encontrado. En Alemania hay un factor generacional que recorta la pensión a los que más viven, en Suecia también, cada año que pasa vivimos dos meses y pico más, eso ¿quién lo paga?" concluye el profesor.
Los puntos menos polémicos de la reforma enviada a Bruselas están más claros. La subida de las pensiones conforme al IPC está garantizada. También la separación de fuentes de financiación, para liberara a la Seguridad Social de unos 15.000 millones de euros de gastos impropios que ahora pagará el Estado con impuestos en vez de con cotizaciones. La pelota cambia de tejado, pero el problema sigue sin resolverse.
Se cambiarán las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, aunque aún no se ha especificado la fórmula. La idea es que se ajusten los actuales coeficientes reductores de manera que se penalice más a las pensiones más altas, y a los que se jubilen antes de tiempo por voluntad propia. A este respecto Devesa cree que "la medida de acercar la edad real de jubilación a la edad ordinaria no sirve casi para nada. El gasto no aumentaría tanto, pero sería un porcentaje ridículo que no soluciona nada".
También se fijará en el 4% el aumento de la pensión por cada año que se trabaje más allá de la edad ordinaria, y se suprimirán las cláusulas de los convenios colectivos que permiten la jubilación forzosa a los 66 años.
Tampoco habrá problemas en ampliar los topes de cotización y las pensiones máximas. Aunque su incidencia en las cuentas del sistema es muy pequeña.
Dos medidas ya en marcha son las de fomentar el ahorro complementario, impulsando los planes de empresa y colectivos frente a los individuales, y la reforma del complemento de maternidad, que ahora contemplará más colectivos pero perjudicará a las familias numerosas.
Para 2023 también se deja que los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales. En este punto el ministro asegura que el acuerdo con los agentes sociales está próximo, aunque habrá que solventar complejidades técnicas para contemplar todas las actuales fórmulas de cotización de los autónomos.
Consciente de que cualquier recorte pondría en pie de guerra a los pensionistas actuales y a los que rondan la jubilación, Escriva anda con pies de plomo buscando un equilibrio imposible. Le será muy difícil al ministro buscar una fórmula que contente a Europa y a los agentes sociales, y si lo consigue, deberá convencer a los ciudadanos de que la ampliación del periodo de cálculo y el factor de equidad intergeneracional no suponen un recorte de las pensiones. Y deberá hacerlo contando con que las elecciones generales serán en 2023, y que los mayores de 50 son los que deciden.