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Parece que hay avances en la negociación. Tras palos en las ruedas y ajustes rechazados, parece que los pensionistas ganarán finalmente poder adquisitivo cuando el IPC sea negativo. Así lo ha afirmado el secretario de Política Social y Empleo de CCOO, Carlos Bravo, en una declaración a los medios tras la reunión de la mesa de diálogo social para avanzar en la reforma de las pensiones. ¿Cómo se traduce eso en el día a día? Poco más o menos, más dinero en el bolsillo.
En su última comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Escrivá anunció su intención de "vincular las pensiones al IPC del año anterior pero en supuestos de inflación negativa ajustar en los tres años siguientes esa desviación", indicando que este ajuste no se aplicaría a las pensiones mínimas.
Pero se ha encontrado con la oposición de los sindicatos. "La oposición sindical ha sido muy firme y el Gobierno finalmente ha renunciado a este planteamiento y por tanto no se producirá esa compensación en años sucesivos", ha asegurado Bravo. El portavoz de CC OO ve preciso resolver aún "bastantes materias más que todavía no permiten hablar de un acuerdo", como en lo referente a la forma de acceso a la jubilación anticipada, el factor de sostenibilidad y, en general, la derogación de la reforma de 2013, entre otros asuntos.
El los últimos siete años (2014-2020) el IPC fue negativo en cuatro de ellos, con lo que según la futura fórmula acordada ahora para la revalorización, las pensiones habrían ganado poder adquisitivo más de la mitad de esos años.
La nueva fórmula acordada supone un incremento de gasto, que Escrivá deberá compensar con otras medidas para contentar a Bruselas.
Se trata de la segunda cesión que hace Escrivá en sus negociaciones con los sindicatos para la reforma de las pensiones. La primera fue la de eliminar la propuesta de subir de 25 a 35 años cotizados el periodo de cálculo de la pensión. Esta medida hubiera supuesto una bajada de las pensiones medias de entre un 5% y un 6,5% según el Gobierno, bajada que llegaría al 8,6% según un estudio del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson (WTW) en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura.
La próxima reunión con patronal y sindicatos será el lunes 26, y Escrivá deberá lograr avances en otros puntos importantes, como acercar la edad real de jubilación a la ordinaria. Aquí las diferencias están en la nueva fórmula que propone Escrivá para las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas voluntarias.
La negociación con patronal y sindicatos está suponiendo un serio inconveniente a los planes del Gobierno. El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que España pretende enviar a Bruselas recoge algunas medidas que los sindicatos están muy lejos de aceptar.
Hay acuerdo en la Separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, que ya se contemplan en los últimos Presupuestos Generales del Estado.
Ahora se ha llegado a un acuerdo sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, pero que supone un mayor gasto.
En la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal también existen importantes diferencias en cuanto a la fórmula a aplicar.
Escrivá también ha tenido que modificar su idea en lo referente a la "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" que contempla el Plan. Descartado ampliar el periodo de cálculo a 35 años, los sindicatos se temen otra medida que pueda ser regresiva.
Y en las otras medidas que incluye el Plan presentado por el Gobierno las diferencias son mayores. Una es "la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, lo que implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población". Los sindicatos no quieren ni oír hablar de esta medida.
También existen diferencias en el "nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales", el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya ha dicho que no es el momento y los sindicatos quieren ver en qué se concretan las propuestas.