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Llevamos tiempo esperando. Todo el mundo sabía que había que reformar las pensiones, pero nadie parecía querer remangarse con un tema tan complicado. Ahora, con la crisis del Covid y la generación de los boomers incorporándose en estos años a la jubilación, se ha hecho inevitable. ¿Por dónde van las recomendaciones que ha aprobado esta semana por fin el Pacto de Toledo tras casi 10 años sin llegar a ningún acuerdo? Las últimas recomendaciones fueron en 2011, y dieron pie a la reforma que aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años, y aumentó de 15 a 25 los años de cotización necesarios. Te explicamos ahora las medidas nuevas más destacadas.
Antes, un pequeño recordatorio: La última reforma de pensiones de 2013 se hizo sin consenso político y aprobada por decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy. En ella se incluían medidas para contener el gasto, como el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, que suponían recortes en las pensiones, y que produjo las movilizaciones de pensionistas de 2018. Aunque la Ley no está derogada, estas medidas no se han puesto en marcha. El consenso alcanzado esta vez permite que el Gobierno pueda legislar sin trabas parlamentarias, y que la reforma sea más duradera. El Pacto de Toledo da ahora 22 recomendaciones, analizamos lo que suponen en tu día a día las más importantes:
Supone la garantía de que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo en adelante. Las pensiones se regularizarán cada año en función del IPC real, contado a final de año. Esto significa que, para una pensión de 1.000 euros, si el Índice de Precios de Consumo, IPC, cierra el año con una subida del 1%, el año siguiente la pensión subiría a 1.010 euros mensuales, por catorce pagas. En principio, si el IPC resultara negativo, la pensión no bajaría, se mantendría igual, pero habrá que ver cómo desarrolla la Ley este punto. La medida supone de facto el fin del índice de revalorización de la reforma de 2013, que vinculaba la subida de las pensiones a la salud del sistema.
Aunque la recomendación número 12 sobre la edad de jubilación es ambigua, lo que es seguro es que vamos a trabajar más años. El texto dice que se recomienda tomar medidas para acercar la edad efectiva de jubilación (64 años y 6 meses en 2020) a la edad legal (65 años y 10 meses), favoreciendo la permanencia en el mercado laboral de los trabajadores. No se especifican las maneras de hacerlo, pero el ministro Escrivá ya ha anticipado en sus comparecencias en el Congreso que va a endurecer el acceso a la jubilación anticipada sobre todo en los casos de jubilaciones voluntarias y rentas altas. Emplaza al Gobierno a proponer una respuesta en el plazo máximo de tres meses a la Comisión.
También se favorecerá que sigamos trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, que ahora está en 65 años y 10 meses, y alcanzará los 67 años en 2027. Actualmente, los que sigan trabajando después de cumplir la edad ordinaria de jubilación pueden ver aumentada su futura pensión entre un 2 y un 4%. Lo más probable es que estos incentivos aumenten.
Tampoco se especifica que la edad de jubilación deba aumentar más allá de los 67 años actuales, y es poco probable que el Gobierno lo imponga por Ley. Lo más probable es que abra un abanico de posibilidades que inviten a quien lo desee a seguir trabajando más allá de los 67. Para ello es muy probable que en el desarrollo parlamentario se permitan nuevas fórmulas de compatibilizar trabajo y pensión, incluso seguir trabajando y cobrar el 100% de la pensión.
Para calcular la pensión se tienen en cuenta dos parámetros: los años cumplidos y los años cotizados. Ahora se tienen en cuenta los últimos 23 años (24 en 2021; y 25 a partir de 2022). No se incluyen cambios a este respecto, pero la recomendación 5 hace mención a grupos que deben ser protegidos por situaciones especiales que hayan perjudicado sus cotizaciones, por ejemplo las mujeres que cuidan de personas dependientes, o los prejubilados con amplias carreras de cotización expulsados del mercado laboral prematuramente. Para estos grupos se recomienda que puedan optar por el periodo de cotización "que más les beneficie".
Por ejemplo, si has trabajado más de 40 años, pero te han prejubilado con 58, los últimos años de cotización habrán sido menores, e incluso puede que hayas tenido que jubilarte anticipadamente con penalizaciones de hasta un 30% de tu pensión. La nueva Ley permitirá que escojas tus mejores años de cotización para calcular la pensión, que en todo caso serán más de 25.
Pero para la mayoría, ampliar el periodo de cálculo supondría una merma de la pensión a recibir, ya que los últimos años de la carrera laboral suelen ser los de mayores sueldos y cotizaciones, y al contemplar un periodo mayor, la prestación que te corresponde baja.
Se recomienda una mejora en aquellas pensiones de viudedad que sean la principal fuente de ingresos del hogar. Por otro lado se pide que se vinculen estas prestaciones a la renta de los hogares, para establecer parámetros solidarios, ya que hay gente que cobra pensiones de jubilación y de viudedad simultáneamente por importes elevados.
Por ejemplo, si una mujer tiene como única fuente de ingresos la pensión de viudedad de su marido y ésta es baja, no puede contemplarse igual que si cobra dos pensiones, la de viudedad y la suya, por ejemplo. En España hay más de un millón de personas que cobran dos pensiones.
La Comisión recomienda que los autónomos coticen por sus ingresos reales. El 85% de los autónomos cotizan por la base mínima, lo que les reporta pensiones muy inferiores a las de los trabajadores por cuenta ajena. Pero la forma de hacerlo está por definir y el PP ha pedido al Gobierno que fije un mecanismo en la mesa de diálogo social. También se recomienda mejorar la protección del colectivo que suele tener periodos de cotización irregulares.
Prepárate para ahorrar. Los planes de ahorro complementario van a ser normales en adelante. La recomendación a este respecto favorece a los planes de empresa y los colectivos. Tu empresa pagará una parte y tú otra. En un principio serán voluntarios, pero poco a poco se irán convirtiendo en algo habitual para todos y entrarán en las negociaciones de los convenios colectivos con las empresas. Al ministro Escrivá le gusta el modelo del País Vasco, donde más del 50% de los trabajadores tienen un plan de empleo, frente al resto de España, donde apenas llega al 10%.
Lo que se propone es que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar prestaciones contributivas. Todos los partidos están de acuerdo en liberar a la Seguridad Social de gastos impropios (no contributivos) del sistema. Según el ministro del ramo, José Luis Escrivá, el déficit del sistema es contable, y causa incertidumbre entre los ciudadanos". La Comisión recomienda que esos gastos, como son las ayudas por hijo a cargo o dependientes, las de maternidad o paternidad, los complementos por pensiones mínimas o las bonificaciones de la tarifa plana de autónomos se paguen vía Presupuestos. Con ello se pretende sacar de la Seguridad Social cerca de 23.000 millones de euros, que deberían conseguirse de otro modo.
Se recomienda establecer un remanente mínimo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social una vez se consiga equilibrar las cuentas. El Fondo de Reserva es un mecanismo de ahorro que llegó a alcanzar en 2011 los 66.815 millones de euros. En la actualidad tiene 2.146 millones de euros.
Existen otras recomendaciones menos precisas y que necesitarán de mucho trabajo para plasmar el espíritu en normas concretas. Por ejemplo, la que aconseja luchar contra la economía sumergida para que afloren empleos en ámbitos específicos, como el de empleados del hogar, y proteger a los colectivos vulnerables, como los becarios, trabajadores sin afiliación o autónomos económicamente dependientes.
O la que pide garantizar las carreras de cotización de los jóvenes que trabajan de forma discontinua y mejorar el control de la inspección de trabajo sobre los becarios. Y también la que sugiere encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no un aumento del empleo.
La recomendación 7 insta al Gobierno a que "cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión". Y de nuevo se deja al Gobierno la responsabilidad de cómo hacerlo. Resulta curioso que la Comisión, que ha incumplido con creces su obligación de presentar recomendaciones cada cinco años, exija ahora que el Gobierno de turno dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo e informe de las medidas que piensa implementar para cumplirlo.
La reforma de las pensiones está en marcha. El Gobierno estaba esperando el consenso político para lanzar medidas ya planeadas que permitan dar estabilidad al sistema y corregir los enormes déficit que se generaban año tras año. Y también necesitaba las recomendaciones para enviar a Bruselas una imagen de Estado responsable, capaz de acometer el gran desafío que supone la llegada de los boomers a la jubilación con el considerable incremento de gasto que esto supondrá durante décadas.