En España se suicidan once personas al día, una cifra perturbadora que ha experimentado un aumento constante en los últimos años. De hecho, es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos números ponen el foco en la importancia de la salud mental y en las situaciones extremas, de riesgo inminente, en las que las personas necesitan un respiro. El Congreso de los Diputados dio el pasado mes de febrero un importante paso en ese sentido con la aprobación de un nuevo permiso laboral destinado a empleados que se enfrentan a situaciones de alto riesgo de suicidio y que se prevé que esté en marcha antes de finales de año.
El enfoque de este permiso se centra en el cuidado de personas en riesgo de suicidio y forma parte de la Ley de Familias, una legislación diseñada para fortalecer los derechos sociales de los trabajadores y promover la conciliación entre la vida laboral y familiar. La iniciativa la presentó Más País y recibió el apoyo abrumador de 340 diputados en el Congreso. Esta formación política también solicitó al Gobierno de España que se colabore con sindicatos para que los trabajadores puedan obtener permisos laborales para cuidar a personas en riesgo de suicidio.
El nuevo permiso laboral será de 15 días y estará 100% remunerado. Dado que el principal objetivo es acabar con la soledad que provoca un gran número de suicidios, el permiso será otorgado por los profesionales médicos del paciente en riesgo. El Ministerio de la Seguridad Social pretende aún trabaja en perfilar los detalles del permiso a fin de que esté listo antes de que termine 2023.
El permiso laboral al que pueden acogerse los trabajadores será de una semana, prorrogable a dos semanas siempre que se disponga de prescripción médica. Todavía queda por especificar quiénes serán las personas que pueden solicitar este permiso, pero se anticipa que la persona en riesgo de suicidio será la encargada de tomar esta decisión, siempre con el respaldo del profesional de la salud.
El Gobierno en esta legislatura ha actualizado la Estrategia de Salud Mental, que llevaba congelada desde 2009, y ha puesto en marcha el teléfono de atención al suicidio 024, que desde su funcionamiento ha atendido más de 62.500 llamadas y ha atendido más de 1.200 suicidios en curso.