{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La crisis de la vivienda afecta en mayor o menor medida a todas las grandes ciudades europeas. La especulación inmobiliaria dispara los precios y ahuyenta de los centros urbanos a los vecinos con menos recursos. Por ello, el Ayuntamiento de Ámsterdam, capital de Países Bajos, está barajando una drástica medida para aplacar esta situación: obligará a los propietarios a vivir al menos cuatro años en la vivienda que adquieran. De momento para aquellas con un valor oficial de hasta 512.000 euros.
En la ciudad neerlandesa el problema de la vivienda es particularmente grave. Los nuevos inquilinos del sector libre pagan unos 1.466 euros al mes, y ya no hay prácticamente viviendas asequibles para personas de ingresos bajos o medios. Una de cada tres viviendas pertenecen en la actualidad a inversores privados que las alquilan como propiedad a precios muy caros.
El concejal de vivienda de la ciudad, Jakob Wedemeijer, no espera que el ayuntamiento ponga trabas para aprobar una medida que aparentemente contribuiría a frenar el mercado especulativo. Los multipropietarios buitres quedarían expulsados y eso liberaría de tensiones el mercado, que probablemente moderaría sus subidas. Y es que el precio de una casa ocupada por su propietario en Amsterdam se ha "más que duplicado en los últimos siete años, a un promedio de 600.000 euros". Con la protección de compra propuesta "los compradores de primera vivienda y las personas de ingresos medios tienen más posibilidad de adquirir una casa".
"Es inaceptable que la gente que busca casa se vea desplazada por inversores que compran para alquilar a precios altísimos. Por eso queremos asegurarnos de que la mayor cantidad posible de viviendas sólo puedan ser compradas por personas que realmente quieran vivir en ellas. Las casas son para vivir y no para ganar dinero", explicaba el concejal para defender la propuesta.
Sí habrá algunas excepciones, como el alquiler de la casa a un miembro de la familia o debido a una estancia en el extranjero de máximo un año, pero queda por ver qué ocurrirá con los propietarios bienintencionados que tengan que vender su vivienda por un traslado profesional o por una necesidad. Es de esperar que estos flecos se discutan en el comité del consejo de vivienda y construcción de la ciudad. Si el acuerdo queda aprobado podría entrar en vigor el 1 de abril.
Desde el 1 de enero, está en vigor un cambio legislativo que permitirá a los municipios de Países Bajos designar distritos y zonas donde rigeuna protección de compra. Desde el municipio de Zaanstad, dentro del área metropolitana de la capital, han pedido dar prioridad de compra a los residentes en la nueva construcción.
Grandes ciudades como Utrecht, Tilburgo, La Haya o Groninga ya han dicho que se plantean estudiar o implementar las medidas necesarias para disuadir a inversores, que busquen inmuebles para sacarlos en alquiler aprovechando los altos precios.
En España, casi la mitad de las viviendas que se dieron de alta en el catastro entre 2008 y 2020 pertenecían a empresas que tenían a su nombre más de ocho inmuebles, según se desprende de un análisis de los datos de la dirección general del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En concreto se trata de 1.707.654 inmuebles de uso residencial-vivienda de naturaleza urbana en los últimos 12 años, el 44,8% de los casi 4 millones de vivienda dadas de alta en esta categoría en ese tiempo. La conclusión es sencilla: con una medida como la propuesta por Ámsterdam, todas esas transacciones no se habrían podido realizar.