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Donde hay cohetes, hay alegría. Sin embargo, muchos de los accidentes que se producen durante estas fechas relacionados con una manipulación imprudente del material pirotécnico causan más rabia que contento. ¿Sabemos exactamente en qué consiste la prudencia o de qué modo podemos poner en juego nuestra seguridad o la de los demás? ¿Cuándo infringimos la ley? ¿Por qué es importante conocerla?
Los servicios de emergencia intensifican su trabajo en Navidad a causa del mal uso del material pirotécnico. La situación que se repite es que, en medio de un escenario festivo, cuando llegan los agentes, los culpables ya han huido y las infracciones son muy excepcionales.
La normativa que regula la pirotecnia se aprobó por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, pero su contenido se ha ido actualizando progresivamente y adaptando a las directrices europeas. Cada Ayuntamiento tiene, además, sus propias ordenanzas en algunos aspectos, como la concesión de licencias o el uso de petardos en la vía pública.
Desde 2015, la edad mínima para la venta y puesta a disposición de los artículos pirotécnicos es de 12 años para la categoría 1 (poco peligrosos y de ruido insignificante); 16 años para la categoría 2 (algo más potentes y para tirar en zonas delimitadas, a una distancia de seguridad de al menos ocho metros); y 18 años para la categoría 3 (artículos que deberán ser utilizados en una zona de gran superficie, a una distancia entre 8 y 15 metros). El resto se reserva a uso exclusivo de los profesionales. No se venderán ni se pondrán a disposición de los consumidores por debajo de las edades mínimas, a excepción de los pistones de percusión para juguetes. Es importante recordar que ningún menor de 12 años puede manipular un artículo pirotécnico, ni siquiera bajo la supervisión de un adulto.
Además, los vendedores de cartuchería y artículos pirotécnicos podrán negarse a vender sus productos a quienes manifiesten de forma clara que pueden encontrarse bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes. La realidad es que no existe demasiado control en los puntos de venta y a menudo los menores son los clientes más habituales. Tampoco internet facilita demasiado que la adquisición de material pirotécnico se haga conforme a la ley.
Salvo eventos culturales autorizados, como los fuegos artificiales de las ferias y fiestas locales y demás celebraciones, el uso de petardos en la vía pública está prohibido en la gran mayoría de las ordenanzas municipales de nuestro país. En un caso puntual, como una salva a la salida de una procesión, solo es necesario ser mayor de 18 años y cumplir las instrucciones del fabricante. Sin permiso, solo suele permitirse el uso de artículos de la categoría 1.
Sin embargo, el empleo de categorías superiores por parte de particulares (a veces, menores de edad) continúa siendo una práctica habitual. Sólo en la pasada Nochevieja, el 15% de todos los avisos que recibió la Policía Municipal de Madrid se debieron a petardos: casi 150 denuncias. La regulación no es demasiado específica y en festejos como el de Nochevieja es difícil que exista un control que rompa esa normalidad con la que se lanza el material pirotécnico.
Cuando ocurre alguna desgracia, es difícil dilucidar las responsabilidades. El verano pasado murió una bailarina tras recibir un impacto de pirotecnia durante una actuación en Ávila. La carga utilizada -280 gramos- no requería ningún tipo de licencia y tampoco hacía falta cualificación por parte de la persona que lo activó. Según fuentes de la subdelegación de Gobierno, la Guardia Civil comprobó que la carga y los cartuchos se ajustaban a la normativa, en este caso al Real decreto 989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. El objeto que se activó se situaría en el artículo 8, punto 3.b, categoría T1, referido a "artículos pirotécnicos de baja peligrosidad para su uso en el escenario".
Desde junio de 2013, la Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo sobre la comercialización de artículos pirotécnicos establece una serie de obligaciones a los fabricantes, importadores y vendedores. Deben incluir, en primer lugar, el marcado de la Comunidad Europea (CE) en los envases de cada uno de los petardos o productos pirotécnicos como garantía de seguridad. Se clasificarán por categorías para indicar su peligrosidad, del 1 al 4. Los locales autorizados solo podrán vender las tres primeras categorías, puesto que los de cuarta categoría son considerados de alta peligrosidad y su manipulación está reservada a expertos y profesionales.
Por otra parte, los usuarios deben verificar siempre el etiquetado. En él se hace referencia a las precauciones, las instrucciones de uso, la denominación del fabricante o del importador y la catalogación, entre otras cuestiones. El sentido común aconseja evitar los establecimientos de venta de pirotecnia poco fiables y sin personal cualificado. Las asociaciones de consumo recomiendan que, si existen indicios fundados de venta ilegal de petardos, se acuda de inmediato a la Policía o a la Guardia Civil.
La directiva europea que acaba de trasponerse a la legislación española obliga a las tiendas a dotarse con un almacén independiente para guardar los productos pirotécnicos, acondicionar sistemas de alarma con conexión a una central y riego automático para casos de incendio. También se incrementan las distancias entre pasillos y puertas y exige la contratación de un seguro con una cobertura de al menos de 180.000 euros.
La primera exigencia es la mayoría de edad, pero algunas páginas ni siquiera se interesan por los años del comprador. En muchas de ellas, basta con aceptar las condiciones de uso, en las que se incluye la confirmación de que el usuario es mayor de 18 años. Por otra parte, a menudo se venden sin advertir de las precauciones de uso o la categoría del producto. No obstante, el envío de pirotecnia por correo no está permitido.
Para ilustrar la facilidad con la que la pirotecnia se nos puede ir de las manos, basta con recordar lo que sucedió en Arizona hace cosa de dos años. Un hombre quiso dar una sorpresa a la familia para revelar el sexo de su futuro hijo con una caja que explotaría cuando fuese alcanzada por una bala a corta distancia. Al hacerlo en una zona árida, el campo empezó a arder hasta quemar 19.000 hectáreas. No falleció nadie, pero la extinción y los daños tuvieron un coste más de ocho millones de dólares.